Por: Nahum Elias Orocio Alcántara y Diana Sandoval Perevochtchikova
Observatorio de Conflictos Socioambientales Universidad Iberoamericana
Cuando hablamos de defensa del territorio, es común encontrarnos con opiniones contrarias. Por un lado, se percibe como algo esencial para denunciar injusticias, atropellos y salvaguardar los recursos vitales para nuestra supervivencia. Por el otro, se considera un problema lejano o ajeno.
Sin importar desde dónde lo miremos, lo cierto es que México está lleno de historias de mujeres y hombres que, durante siglos, han defendido sus territorios frente a amenazas de despojo, explotación e invisibilización, especialmente en el contexto de una globalización acelerada. Hoy en día, esas resistencias persisten, pero enfrentan un nuevo enemigo: la estigmatización sistemática hacia quienes protegen la tierra y los derechos colectivos.
Bajo el pretexto del "desarrollo y progreso", en nuestro país se ha vuelto común priorizar la implementación de megaproyectos que prometen modernización y crecimiento económico. Sin embargo, muchos de ellos han demostrado devastar ecosistemas completos, afectar gravemente a las comunidades y poner en riesgo sus culturas.
Muchos de estos proyectos como trenes, minas a cielo abierto, gasoductos y presas se han construido con el respaldo de empresas nacionales e internacionales y con el aval del gobierno. Frente a esto, cualquier voz que los cuestione y luche por defender lo que legítimamente les pertenece puede ser estigmatizada como "delincuente" o "enemigo del progreso".
La estigmatización de las y los defensores de la tierra no es un fenómeno aislado ni espontáneo; forma parte de una estrategia política más amplia que busca deslegitimar las demandas de las comunidades y neutralizar cualquier oposición.
Mediante acusaciones infundadas, procesos legales manipulados y el monopolio mediático, las autoridades, empresas y actores privados con intereses económicos o políticos construyen un discurso en el que la defensa del territorio se retrata como un impedimento para el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
En este contexto, defender la tierra, los bosques y los mares es una apuesta de alto riesgo. Cada año se reportan múltiples desapariciones, asesinatos y otras violaciones contra quienes protegen los bienes comunes que sostienen nuestra vida cotidiana. De acuerdo con organizaciones como Global Witness, México se encuentra entre los países más peligrosos para defender el territorio y el medio ambiente. Aunque las cifras siempre son desgarradoras, es necesario insistir en que detrás hay historias de lucha, coraje y resiliencia que deben ser nombradas, como la del padre Marcelo Pérez en Chiapas, asesinado en 2024 por denunciar actividades ilegales que amenazaban a las comunidades indígenas y al medio ambiente.
Pero, ¿por qué debería importarnos lo que sucede en un rincón remoto del país? Porque la defensa del territorio no trata solo de proteger un pedazo de tierra; se trata de cuidar lo que es común y esencial para nuestras sociedades: el agua, los bosques, los mares y la diversidad cultural. Ignorar estas luchas significa silenciar y deslegitimar a quienes se esfuerzan por protegerlos.
Desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, trabajamos para documentar los procesos de defensa del territorio, promoviendo una conciencia crítica, un medio ambiente sano y el derecho a una vida digna.
Infórmate en www.ocsa.ibero.mx
