Por Margarita Núñez Chaim
“A mí niña de 14 años que padece de epilepsia la golpearon. A mí me pusieron choques eléctricos como cuatro o cinco veces, la verdad perdí la cuenta de cuántos. Me golpearon, me jalaron del pelo, me tomaron a la fuerza para que me montara al bus. A mi esposo lo botaron por allá, y a mi niño lo estrellaron contra el vidrio de la combi.” Mujer hondureña, integrante de la caravana ‘éxodo de la pobreza´
A inicios de febrero la caravana denominada “éxodo de la pobreza”, que salió de Tapachula en diciembre del año pasado, llegó a Puebla. La caravana está conformada por familias, hombres, mujeres, mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños y adolescentes que, ante la imposibilidad de acceder a documentos y derechos fundamentales en el sur del país, se organizaron para avanzar juntos hacia el centro y norte de México. Había familias que llevaban esperando hasta seis meses por documentos que, por ley, les corresponden, como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias con la que podrían trabajar y vivir mientras esperan la resolución de su solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, de manera arbitraria, el Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió la entrega de dichos documentos en diversas partes del país, ¿por qué? Porque puede.
Al llegar a territorio poblano la caravana, integrada en un 50% por mujeres y niños menores de dos años, fue obligada a caminar durante todo el sábado 3 de febrero. Algunos vehículos solidarios quisieron dar aventón a las personas, sin embargo, el INM, en una acción fuera de todo marco legal, lo impidió. En videos que circularon en redes se puede ver a los agentes del INM y las personas solidarias discutiendo ¿por qué no podían ayudar a mujeres y bebés que, a todas luces, ya no podían seguir caminando? La respuesta fue tajante: porque el INM así lo quiso.
El domingo 4 de febrero, después de un día entero de caminata, los agentes del INM quisieron detener a las personas y, para ello, hicieron un uso de la fuerza ilegítimo, como lo evidencian las palabras de la mujer hondureña arriba citada. De nuevo, si preguntamos ¿por qué el INM usa la fuerza si la propia institución niega tener facultades para ello? La respuesta vuelve a ser: porque pueden.
El INM puede hacer lo que quiera, incluso por encima o por fuera de la ley, porque, como vimos el año pasado, pueden morir 40 personas en sus instalaciones por negligencias y abusos de autoridad que han sido denunciados reiteradamente -como la falta de agua, alimentos adecuados, el hacinamiento y la falta de protocolos de atención- y al final, no pasa nada. Nadie rinde cuentas, los responsables siguen en funciones, las políticas y acciones se mantienen igual.
El actuar de los agentes del INM ha sido arbitrario y discrecional, incluso ilegal, a través de ya, al menos, tres sexenios. No obstante, en el actual sexenio hemos sido testigos de una agudización de esta situación, lo que está relacionado con la creciente militarización de funciones que, de acuerdo con el marco jurídico nacional, deberían tener un carácter civil.
En los Programa de Asuntos Migratorios y de Seguridad Ciudadana de la Ibero nos hemos dado a la tarea de investigar a fondo este proceso de militarización del INM para encontrar respuestas más profundas a las preguntas ¿por qué el INM decide dar o no dar documentos de regularización migratoria sin respetar la propia Ley de Migración? ¿Por qué el INM hace un uso de la fuerza contra las personas migrantes? ¿Por qué si se demuestran violaciones a derechos humanos, e incluso crímenes, cometidos por agentes del INM prevalece la impunidad?
En el mes de marzo publicaremos los resultados de más de un año de investigación para encontrar respuestas a estas preguntas. Por ahora, adelanto una síntesis: lo que encontramos es una institución en un grave estado de descomposición, con una maraña jurídica e institucional que dificulta clarificar cuáles son las cadenas de mando y competencias que rigen el actuar concreto y cotidiano de sus agentes. Una institución cada vez más permeada por una doctrina, capacitación y mandos militares, que hace uso de tecnologías militares con la excusa de combatir el crimen organizado, pero que termina por criminalizar a personas con necesidades de protección. Una institución que, a pesar de tener un incremento del 595% de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos -en 2023 respecto a 2022- y sumar 4,693 quejas en un periodo de seis años -de 2017 a 2023-, actúa sin controles.
Programa de Asuntos Migratorios
