Renata Vadillo Polo, Investigadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana
En México, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares cada año y desplazarse debido a situaciones de violencia, conflictividad social o territorial, y violaciones a sus derechos. A diferencia de otros tipos de movilidad humana, el desplazamiento interno se refiere a cuando personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a sus derechos o de catástrofes. No responde a una decisión voluntaria, sino a un contexto de riesgo que obliga a huir como única vía de protección.
A pesar de no contar con cifras oficiales de este fenómeno, sabemos por estimaciones complementarias que han realizado organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) que hasta 2024 más de 390,000 personas se encontraban desplazadas internamente en el país.
Continuando con los esfuerzos realizados por la CMDPDH hasta 2023, hace unos días, desde el Programa de Derechos Humanos (PDH) publicamos el informe Travesías Forzadas: Informe anual de desplazamiento interno en México (2024), a partir del cual documentamos que la situación se ha agravado: en 2024 documentamos, a través de monitoreos de medios 28,900 casos de desplazamiento, frente a 12,623 casos documentados por la CMDPDH en 2023. Este aumento del 129% y entrevistas con personas desplazadas y actores en terreno evidencian no solo el aumento de la violencia en diversas regiones del país, sino también la urgencia de desarrollar o reforzar respuestas integrales y sostenidas desde el Estado para la prevención y atención del fenómeno.
El principal detonante de los desplazamientos que documentamos fue la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado, cuyas acciones incluyen enfrentamientos armados, amenazas y ataques directos a la población civil, incluyendo mediante el uso de nuevas tecnologías —como drones cargados con explosivos— en acciones que han vulnerado gravemente la seguridad y el bienestar de comunidades enteras. Durante este año, los estados con mayor número de desplazamientos registrados fueron Chiapas (61.8% del total nacional), Sinaloa (15.5%), Michoacán (5.4%), Chihuahua (5.4%) y Guerrero (4.8%).
Cabe destacar que este fenómeno ha impactado de forma desproporcionada a municipios estratégicos para las rutas del crimen organizado, convirtiéndolos en espacios de alta conflictividad. Los desplazamientos reactivos y preventivos son más recurrentes como consecuencia de las múltiples actividades criminales que operan en estos territorios: extorsión, control de exportación o importación local de mercancías, reclutamiento forzado, secuestros y homicidios, por mencionar algunas.
La falta del reconocimiento institucional del desplazamiento y sus causas a nivel nacional y en algunas entidades ha limitado la construcción de políticas públicas eficaces para atender y prevenir el fenómeno, profundizando su impacto en el tejido social y dejando a miles de personas sin las condiciones mínimas para reconstruir su vida. En algunas entidades se han registrado avances en materia de atención a las personas desplazadas internas, como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Si bien estas acciones representan un paso relevante, siguen siendo parciales e insuficientes frente a la magnitud y complejidad del fenómeno que enfrentan.
Frente a este panorama, no podemos permitir que el desplazamiento interno siga siendo una tragedia silenciada. Detrás de cada número hay historias de vida interrumpidas, familias
fracturadas y comunidades enteras desarraigadas por el miedo. Reconocer su existencia y escuchar sus voces es el primer paso para construir justicia. Nadie debería tener que abandonar su hogar para salvar su vida; la dignidad de las personas desplazadas merece ser defendida con verdad, memoria y acción.
