Por Paola Andrea Salazar Carreño
Asistente de Investigación Programa de Seguridad Ciudadana
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México
En los años recientes la seguridad ciudadana, es decir, la capacidad de los Estados de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos que les permita convivir pacíficamente y sin miedo para alcanzar una vida mejor, dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las instituciones policiales. La concertación entre agencias del Estado y la participación de la comunidad para establecer prioridades y estrategias de prevención contra la delincuencia se puso en la agenda política a partir de la década de 1990.
Ahora bien, ¿Qué pasa hoy en cuanto a seguridad? ¿Por qué resulta pertinente abordar este tema? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. El 27.5% de los hogares en México reportó al menos a una o uno de sus integrantes como víctimas del delito. Se calcularon 21.9 millones de víctimas de 18 años y más, con una tasa de prevalencia delictiva de 23.323 víctimas por cada 100 mil habitantes. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión.
La seguridad y los problemas relacionados con ella siguen siendo uno de los aspectos principales de la agenda pública y cotidiana de los ciudadanos. En este marco, la Primera Convocatoria de Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana en México convocada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX permitirá identificar algunas de esas iniciativas encaminadas hacia el éxito o ya evaluadas como exitosas desarrolladas en los ámbitos local, estatal o federal, donde se han tomado decisiones acertadas ajustadas a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
En los contextos de altos niveles de violencia y criminalidad, encontramos buenas prácticas que han sido adecuadas para orientar ciertas soluciones concretas y efectivas en algún aspecto puntual de la reducción de algún delito o prevención de la violencia. Una buena práctica provee de ejemplos probados y soluciones inspiradoras capaces de adaptarse a diferentes contextos. Igualmente, las buenas prácticas en seguridad ciudadana permiten ver cómo la sociedad civil, instituciones o el sector privado han creado trabajo colaborativo para generar un ambiente propicio y adecuado para la solución de conflictos y la promoción de la convivencia pacífica de las personas.
En el caso de México, la Convocatoria nos ha permitido identificar 41 propuestas de 19 Estados de la República. Algunas de estas iniciativas son proyectos no ejecutados; iniciativas prometedoras e iniciativas con evidencias de impacto y/o resultados, es decir, que cuentan con algún tipo de evaluación -usualmente externa- de sus intervenciones y la participación lograda.
La participación de 32 organizaciones sociales, asociaciones civiles y fundaciones, así como de 8 entidades públicas de diferentes municipios y una universidad nos han demostrado que en México sí se están construyendo alternativas y esperanza. Esta es sólo una breve muestra del conjunto de iniciativas que existen para hacer frente a situaciones de violencia e inseguridad y pasan por mostrar la importancia de la articulación para hacer frente a este tipo de problemáticas desde un enfoque respetuoso de los derechos humanos, el género y la interculturalidad.
La mayoría de propuestas de la Primera Convocatoria en México están orientadas a dar respuesta a los problemas de reinserción de jóvenes y adultos en conflicto con la justicia, así como a prevenir la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y la violencia intrafamiliar. Otras de las propuestas más destacadas tienen que ver con educación para la paz, policías comunitarias y mediación de conflictos.
Por lo anterior, confirmamos que, a pesar de la abrumadora realidad del delito y la violencia, México está construyendo propuestas y alternativas democráticas desde lo local, que nos muestran rutas y caminos a partir de los cuales la construcción de la seguridad está ligada inexorablemente a la construcción de la paz, una vida digna y nuevas oportunidades para todas las personas, aún en los contextos más adversos.
