Fernanda Lobo Díaz - Asociada de investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana - Ciudad de México
Hace unas semanas, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se levantaron de la mesa de diálogo en Palacio Nacional en señal de protesta, negándose a participar en otro encuentro con el actual gobierno. Después de más de 30 reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la salida de los padres y las madres de Ayotzinapa deja una pregunta en el aire: si el Estado mexicano no ha tenido la capacidad de garantizar el derecho a la verdad y justicia en uno de los casos más emblemáticos de desaparición de este país, ¿qué pueden esperar las más de 100,000 familias que hoy buscan a un ser querido?
Este 26 de septiembre se cumplen 10 años desde la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero. Las versiones de lo que pasó esa trágica noche han cambiado con el paso del tiempo, sin embargo, seguimos sin conocer lo que realmente sucedió. No se han establecido culpables más allá de la vaga figura del crimen organizado, el señalamiento general del involucramiento de agentes de diversas instituciones del Estado mexicano y la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien, cabe destacar, hoy cumple prisión domiciliaria desde la comodidad de su hogar.
La mal llamada “verdad histórica” sigue más viva que nunca, retratándose de cuerpo completo en la cercanía de este gobierno con las fuerzas armadas y la incapacidad de avanzar en las investigaciones del caso. La negativa por parte del gobierno de López Obrador de hacer entrega de los 800 documentos solicitados por las familias –permitiendo la apertura de solo 15 documentos y dando carpetazo a las exigencias de los padres y madres–, el estancamiento de las extradiciones pendientes –en particular la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal–, así como el menosprecio por profundizar las líneas de investigación del caso, agravan una de las heridas más profundas y violentas de la historia de este país.
Este jueves las familias han convocado nuevamente a marchar a su lado. A 10 años, el eco de sus zapatos caminando por las calles de Reforma, del Ángel de la independencia al zócalo de la Ciudad de México, resonará por todas las esquinas de México. La lucha de las 43 familias es la lucha de un país sumido en la violencia. Es la lucha de las mujeres que, con pala y pico, hoy buscan a sus hijos, hijas, padres, madres, familias. Es la lucha de las niñas y niños a la que le han robado su infancia, de una generación, mi generación, que creció bajó la mal llamada “guerra contra las drogas”. Es la lucha de la niñez del futuro. Es la lucha de miles de personas jóvenes que se enfrentan al futuro en un país donde cualquiera puede desaparecer.
Hoy, a casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, recordamos fuerte y claro: Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que todas las personas de este país puedan vivir en paz. Hasta encontrarles.
