La Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y su Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, siguen el estilo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, la licenciada Ernestina Godoy, las cuales siempre prevén y plantean reformas para atacar los fenómenos delictivos, tal y como sucedió con la extorsión. Ahora, Brugada va por la estrategia contra el despojo de inmuebles en la Ciudad de México.
Me refiero a la iniciativa de reforma a los códigos penal y civil, así como a la Ley del Notariado y Ley Registral, ambas para la Ciudad de México, que la Jefa de Gobierno presentó ante el Congreso Local con el fin de robustecer la prevención e incrementar las penas aplicables a este delito. En ella se destaca la presunción de mala fe, el aumento de las sanciones, agravantes cuando el delito se cometa en contra de adultos mayores o exista la participación de notarios o funcionarios públicos, entre otras.
Es de reconocer el contenido de este proyecto, pues ahora el despojo es más sofisticado. Actualmente se meten a tu propiedad con el uso de documentos apócrifos, supuestas escrituras realizadas por notarios públicos que, vale la pena decir, llegan expedidas por fedatarios de varias entidades federativas como Coahuila, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, entre otras; lamentablemente de inmediato las inscriben en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
Es cierto que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, de la Fiscalía de la Ciudad de México, ha dado buenos resultados.
Estas nuevas modalidades deberán de llevar a una capacitación para los Ministerios Públicos, ya que desgraciadamente en la Fiscalía de Procesos Civiles de la Ciudad de México, donde llevan las investigaciones de fraudes procesales con escrituras falsas, no se realizan con profundidad. Es por ello que el fiscal José Galileo de López Juárez se deberá de poner las pilas -como se dice- y actuar de inmediato en las investigaciones y, no como lo viene haciendo, con paso de tortuga. También es cierto que dicha Fiscalía de Procesos se ha convertido en una válvula de escape para los juicios civiles y, por ello, llegan cientos de asuntos de los tribunales tratándose, en algunos casos, de ventilar la controversia civil que ya se resolvió y, en otros, los verdaderos fraudes procesales.
Como ejemplo y prueba de lo anterior, tenemos la investigación en la carpeta número: CI/FPJC/74/UI-7 S/D/00122/03-2024, que se encuentra en la citada Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles a cargo del comentado fiscal José Galileo de López Juárez, donde es patético ver cómo existe un dictamen oficial en materia de grafoscopía que concluye que las firmas que aparecen en un contrato de compraventa por parte del vendedor son falsas, y que a partir de este contrato la empresa haya interpuesto un juicio para hacerse indebidamente de un inmueble, y que a la presente fecha los representantes de la indicada empresa sigan sin ser judicializados; ineficiencia, lentitud o algo más.
Sin duda se deberían dar las condiciones necesarias para la pronta investigación por parte del Ministerio Público, así como implementar más personal para atender este cáncer del delito de despojo que afecta nuestra ciudad, a los legítimos propietarios, y que incluso se refleja en el país.
No quiero cerrar este texto sin expresar que lamento el artero crimen de mi colega David Cohen Sacal, mi solidaridad con sus seres queridos. Estoy seguro que la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, llegará al esclarecimiento de los hechos. Como lo he dicho más de una vez, conozco su trayectoria intachable, su compromiso con ella misma, con la justicia y con el país.
Abogado y activista. Autor del libro “El ciudadano republicano y la cuarta transformación”
