Así de enfática se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las investigaciones de la extracción ilegal de hidrocarburos, en la mañanera del martes pasado.
Después de importantes operativos implementados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, donde participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, la Secretaría de Marina a cargo del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo del General Ricardo Trevilla Trejo y la Guardia Nacional a cargo del General de División de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández, hay resultados progresivos que se materializan en 69.3 millones de litros asegurados. Así es que van con todo.
En esta línea de combate al delito, las acciones van más allá y la Presidenta presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la firma de una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para homogeneizar en las legislaturas de cada una de las 32 entidades federativas, la persecución de oficio y el castigo del flagelo.
En consecuencia y de manera trascendente, la Ley General contra la Extorsión, implica que el Estado se asume como víctima y atiende este delito, y con ello, toma la plena representación de la ciudadanía, que en muchos de los casos tiene temor de denunciar por riesgo a represalias.
Así, la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, señaló que la Reforma abarca la modificación al artículo "73 fracción 21 inciso A", de la Constitución Política de los Estados Unidos, en el que se establezcan las leyes generales que definan como mínimo tipos penales y sus sanciones.
Por ello recalcó: "Para expedir una ley con un tipo penal único, con sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, para prevenir, investigar y sancionar este delito...
Para que podamos tener una ley así, en la que con claridad y contundencia se establezca que quien es la víctima es el Estado, por los efectos y las consecuencias que este delito tiene, no solamente una cuestión individual".
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que en la presente administración ocho entidades registran 66% de las extorsiones a nivel nacional, siendo estas Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Asimismo, afirmó que se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados.
También consideró que un "elemento clave" para fortalecer esta estrategia es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que permite atacar las finanzas de quienes se dedican a la extorsión, mediante el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos, con lo cual se corta el flujo de recursos que alimenta estas redes delictivas.
Así que el Gabinete de Seguridad va como una locomotora a toda velocidad dando resultados en estos primeros meses de gobierno, y más, desarticulando los vagones del huachicol y las extorsiones.
Recuerda, la línea ya fue dada: "Hasta donde tope, lo que den las investigaciones hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no porque no sirven al pueblo, el funcionario público involucrado... Se tiene que tener la prueba".
Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Manual del Poder Ciudadano. Lo que México Necesita”. @UlrichRichterM
