Como lo señalé la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia (COFECE) fue presa de los tentáculos de Google y acabó con el poco prestigio que pudo haber tenido. El final de la COFECE se enmarca ahora en un órgano autónomo que fue opaco y sirvió a los intereses de los grandes monopolios.
Ahora Google L.L.C. ha extendido sus redes en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Este es un instituto que protege y fomenta el derecho de autor, en beneficio de los creadores de obras literarias, artísticas y de garantizar, a través de sus direcciones de Registro y de Reservas, la seguridad jurídica de los creadores y demás titulares de derechos. Por ello, en el ámbito intelectual es muy relevante.
Hoy en día, esa importante institución está a cargo de la Directora General, Karina Luján Luján, una jurista con todas las capacidades y herramientas para dirigir dicho instituto. Pero debe poner especial atención en el actuar de sus subordinados, en particular el Director de Reservas de Derecho, Alberto Arenas Badillo, por su clara intención de favorecer los intereses particulares, como los de la trasnacional Google L.L.C.
Pero aún más grave es que el citado director favorece al monopolio tecnológico reconociéndole personalidad para actuar con un poder que consta en el acta notarial número 67262, que les fue otorgado y limitado exclusivamente para atender asuntos relacionados con marcas y nombres de dominio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y no así para promover ante el INDAUTOR.
Es decir, la empresa exhibió unos poderes que no la legitiman para poder actuar ante el INDAUTOR, pero en flagrante violación de ello y con favoritismo el funcionario les reconoció. Lo anterior, es tan delicado que dicho servidor público reconoce la personalidad de Google para comparecer sin facultades en un asunto de competencia de ese instituto, pues su responsabilidad es velar por lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, no así marcas, dominios o patentes industriales. Lo cual, incluso, hace necesario al órgano correspondiente revisar si el actuar de dicho funcionario amerita alguna responsabilidad administrativa o incluso penal. De esta manera, el citado servidor público ha hecho caso omiso de todo lo anterior, para favorecer ilegalmente al gigante tecnológico, como lo hizo hace unos días la COFECE.
El gigante monopólico sigue haciendo de las suyas ante diversas autoridades del Estado Mexicano, violando sus propias normas de gobierno corporativo.
Por tanto, en el INDAUTOR deberá revisarse el trabajo del flamante Director de Reservas de Derecho, Alberto Arenas Badillo, que al igual que los comisionados de la COFECE, su actuar despierta cuestionamientos, y deberían explicar si sus decisiones obedecen a que están buscando un mejor futuro promocionado por el monopolio de Google.
Estos eventos del funcionario del INDAUTOR, y la exoneración de la COFECE a Google por monopolio revelan que los tentáculos del gigante tecnológico han llegado a pervertir a servidores públicos, e incluso supuestos órganos autónomos. Sin embargo, su efecto corruptor no se detiene ahí, pues también el gigante tecnológico llegó a contratar a exservidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual será motivo de mi próxima columna.
Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Libertad de expresión Demanda Algoritmo Justicia Dignidad Humana. Para el caso RICHTER GOOGLE”. @UlrichRichterM
