En días pasados, la Cámara de Diputados aprobó la reforma número 13 de las 18 propuestas del llamado Plan C, un proyecto de transformación impulsado desde el Ejecutivo Federal. Además, se concretaron tres iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó a partir de octubre: Igualdad sustantiva, fortalecimiento de la seguridad pública y sustentabilidad, así como transición energética.
Este conjunto de reformas, acontecidas en el Primer Periodo Ordinario de la 66 Legislatura, ha sido marcado por debates intensos y posturas polarizadas, en donde la mayoría parlamentaria ha logrado avanzar en una agenda plural y diversa que va desde la reorganización del sistema judicial, al fortalecimiento de los derechos sociales, pasando por la seguridad pública y la soberanía energética.
Este proceso de reforma constitucional representa una reconfiguración del marco institucional mexicano, orientado hacia la construcción de un Estado más inclusivo y protector de los derechos sociales, económicos y culturales de la población. De esta manera se consolidan aquellos derechos que históricamente fueron relegados por las administraciones pasadas, al tiempo que plantea retos significativos en su implementación y operatividad.
La elección popular de jueces y magistrados enmarca una ruptura histórica con la tradición del nepotismo que imperaba en el Poder Judicial. En paralelo, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas refuerza un compromiso pendiente con la pluralidad cultural, aunque subraya la necesidad de una armonización efectiva con el orden jurídico vigente para evitar tensiones con derechos individuales.
Las reformas orientadas a fortalecer el bienestar social buscan institucionalizar los programas creados e impulsados por la pasada administración federal, consolidando una necesaria y urgente visión de protección social como componente central del desarrollo del pueblo de México. El mando militar sobre la Guardia Nacional plantea un cambio estructural en la concepción de la seguridad pública, reforzando su ejecución bajo una lógica de disciplina militarizada que atiende la crisis que dejó el sexenio de la falsa guerra contra el narco, para incrementar la confianza de los cuerpos militares, sobre todo en el espacio civil.
La política de alza salarial por encima de la inflación se enmarca en la tradición de lucha por la justicia laboral, promoviendo la dignificación del trabajo como pilar del bienestar. Este esfuerzo se complementa con la inclusión de derechos para trabajadoras del hogar, ampliando la protección a sectores históricamente precarizados. Por otra parte, las reformas en materia de energía buscan recuperar la soberanía sobre los recursos estratégicos, respondiendo a un modelo de desarrollo que prioriza el control nacional por encima de lógicas de mercado.
Por otra parte, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y el fortalecimiento de la perspectiva de género en la educación, atiende de manera integral las desigualdades estructurales que afectan hoy en día especialmente a las mujeres, integrando políticas que atienden sus necesidades y contribuyen a construir una sociedad más equitativa. Asimismo, la regulación del uso de la inteligencia artificial introduce un enfoque de vanguardia en el marco jurídico, anticipándose a los desafíos que plantea la tecnología para la protección de derechos y las garantías individuales.
Estas reformas también resultan valiosas y trascendentales por sus implicaciones sociales, como la prohibición de dispositivos de vapeo y sustancias como el fentanilo, que reflejan una preocupación por una crisis de salud pública que está causando importantes daños en el país vecino del norte. Del mismo modo, la extensión de la prisión preventiva oficiosa a delitos específicos asociados al crimen organizado responde a un enfoque preciso y focalizado, para el endurecimiento de las políticas de seguridad sobre los crímenes que más daño causan a la sociedad.
En conjunto, las reformas del Plan C reflejan una agenda real de transformación que se alinean con los principios de inclusión social, redistribución económica y protección del bien común. Sin embargo, el verdadero impacto de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y del equilibrio entre los derechos garantizados, así como las obligaciones financieras y administrativas que derivan de estas disposiciones. El Plan C, entonces, es evidencia puntual y concreta de la necesidad de la participación del Estado como garante del bienestar social y de la justicia económica, asumiendo por supuesto los riesgos inherentes a cualquier proceso de transformación estructural, pero colocando por encima el interés de un gobierno del pueblo y para el pueblo.
A la luz del plan de 100 días de la presidenta y su compromiso con un gobierno del pueblo y para el pueblo, estas reformas se erigen como la base de una visión transformadora del Estado mexicano. Representan un esfuerzo por consolidar derechos históricos, fortalecer la seguridad y construir un futuro sostenible para las generaciones venideras. Este enfoque atiende la promesa de un gobierno incluyente, donde las políticas públicas no solo reconozcan las demandas sociales olvidadas, sino que también trabajen activamente para satisfacerlas en un marco de justicia y equidad.
Con estas reformas y su consolidación, el próximo año con la elección de jueces, magistrados y ministros, sentamos las bases de una nueva soberanía en la que México se consolidará como potencia económica y cultural. El largo sueño de una nación libre e independiente se verá reflejado en nuestro trato con EU y Canadá como nunca antes, así como en la confianza de todas y todos en nuestro Estado y sus instituciones.
Todas estas acciones demuestran la voluntad de consolidar cambios estructurales profundos, reafirmando el compromiso de colocar a las personas en el centro del desarrollo nacional y garantizar que los beneficios del progreso sean compartidos por las y los mexicanos. Es en todo éste ánimo de transformación, donde podemos palpar el Humanismo Mexicano.
Encargado de despacho de la FGJ-CDMX
