Históricamente, durante un juicio penal la víctima del delito era vista y tratada como un espectador durante todo el proceso. Transitaba entonces por una especie de viaje laberíntico, lleno de silencios e incertidumbres, en el que la víctima se encontraba padeciendo muchas veces sentimientos de vulnerabilidad y miedo constante. Este camino, antes solitario y lleno de obstáculos, fue reconocido y atendido durante la reforma constitucional al sistema penal del año 2008, en la cual además de colocar a la víctima en el centro del proceso, se reconoció esta situación de alta vulnerabilidad y por ello se asignó para toda víctima, a un aliado y al mismo tiempo guardián de la justicia: el asesor jurídico, pieza clave para representar los intereses de la víctima e incluso coadyuvar desde una postura bien definida, para contrarrestar errores, inconsistencias y omisiones por parte del Ministerio Público o cualquier otro actor durante las etapas del juicio.
El asesor jurídico es la personificación de la voz y los intereses de la víctima a lo largo de todo el proceso penal. Una figura crucial que quedó establecida en el artículo 20, Apartado C, de nuestra Constitución e instrumentada a través de la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde le reconocen y otorgan a este personaje, la facultad de representar y defender los intereses de la víctima, asegurando que sus derechos sean respetados y garantizados en cada etapa del procedimiento penal. Es importante aclarar que, si bien muchas veces es necesario asignar a un asesor jurídico desde el Estado, este asesor de ninguna manera sustituye las funciones del Ministerio Público, ya que su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos de la víctima, asegurándose de que estos sean respetados y garantizados.
Gracias a la misma reforma del 2008, el asesor jurídico también puede encargarse de promover acciones de amparo y otras acciones legales en nombre de la víctima, así como asistirla en la solicitud de medidas de protección. Esto incluye la posibilidad de exigir una reparación integral del daño que cubra tanto los aspectos económicos como emocionales y sociales.
Elegir correctamente a un asesor jurídico es fundamental. El perfil deseable incluye una sólida formación jurídica, experiencia en el acompañamiento de víctimas y un profundo compromiso con la justicia y los derechos humanos. En este sentido, no es suficiente con elegir a un abogado especializado en derecho penal, también es importante que haya trabajado con otras víctimas y sea capaz de demostrar que tiene la sensibilidad necesaria para tratar el caso con la empatía y compromiso que la víctima requiere.
En situaciones especiales, como aquellos casos que involucran a menores, adolescentes, personas que no hablan español o extranjeros, el papel del asesor jurídico adquiere matices todavía más particulares, ya que debe estar capacitado para atender las necesidades específicas de estos grupos vulnerables, garantizando una representación adecuada y culturalmente sensible, de modo que ayude a que se mantenga el respeto a las particularidades culturales, lingüísticas y de edad de la víctima, proporcionando el apoyo especializado y adaptado a las necesidades de estos grupos especiales.
El mejor momento para elegir y designar al asesor jurídico definitivamente es desde el inicio del proceso penal, dejando atrás la creencia equivocada de que los asesores jurídicos no son necesarios a menos de que se trate de un “caso grave”. Designar al asesor desde el principio permite una orientación adecuada desde el principio y con ello se evitan posibles vulneraciones a los derechos de la víctima.
En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comprendemos la importancia de que las víctimas cuenten con todo el apoyo necesario desde el primer momento, es que inauguramos dos nuevos Centros de Atención Integral a Víctimas (CAIV), desde los cuales se brinda atención integral a víctimas de delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, secuestro y trata de personas. En estos centros, ubicados en Doctor Río de la Loza, Número 156, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc (quinto y sexto piso), con los horarios de atención de 09:00 a 19:00 horas y a los teléfonos: 55 5200 9197, extensiones 9200 y 9196; ofrecen la atención de primer contacto, que incluye: evaluación inmediata de las necesidades de la víctima y seguimiento a través de servicios especializados de urgencia, como trabajo social, apoyo psicológico, atención médica y asesoría jurídica gratuita.
Sabemos que aún quedan retos pendientes, respecto a la asesoría jurídica, como casos en los que persisten las negativas de acceso a la carpeta de investigación o trato inapropiado por parte de algunos agentes del Ministerio Público y órganos jurisdiccionales; además de falta de capacitación en este rol por parte de muchos representantes de las víctimas y pocos protocolos estandarizados de atención a víctimas; pero estamos seguros de que hoy en día, gracias a esta figura jurídica, las víctimas pueden participar de una mejor manera en el proceso penal y obtener un mayor conocimiento de cada etapa del juicio, así como un mejor acceso a la reparación integral del daño.
Encargado del despacho de la FGJ-CDMX
