Desde hace décadas, el crimen organizado ha encontrado maneras de crecer sumando a personas comunes a sus filas. Lo que comenzó en las calles y comunidades, hoy se extiende a las redes sociales y a los espacios más cotidianos de nuestra vida. Hablamos del reclutamiento: la estrategia con la que los grupos criminales atraen a jóvenes y adultos sin historial delictivo, aprovechando sus necesidades, ilusiones y carencias.
Aunque esta práctica es antigua, su expresión contemporánea revela la capacidad del crimen para adaptarse a las tendencias de cada época. Durante el siglo pasado, esta captación ocurrió en las calles, en espacios de ocio o incluso a través de la coacción directa; hoy, en cambio, los mecanismos se han diversificado y sofisticado, utilizando modalidades que incluyen ofertas laborales falsas difundidas en redes sociales, presión ejercida en comunidades rurales donde la presencia del crimen organizado es cotidiana o incluso la atracción mediante fiestas, consumo de alcohol y drogas, o la seducción de adolescentes a través de promesas de dinero rápido y pertenencia en un grupo.
En 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes en México se encuentran bajo riesgo de ser reclutados, cifra que por sí sola ilustra la magnitud del desafío. Al respecto, el estudio “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada” de la SEGOB (2021) informó que en al menos 18 entidades de la República se han detectado patrones sistemáticos de captación.
En este sentido, las redes sociales se han vuelto una plataforma clave para esta captación. Particularmente a través de videos cortos, utilizando etiquetas, emojis y música que normaliza la violencia, acompañados de símbolos de los grupos delictivos específicos, se ofrecen incentivos con mensajes dirigidos a varones y mujeres jóvenes, así como a madres solteras de sectores vulnerables, a quienes se les prometen apoyos económicos a través de narrativas pensadas para generar sentido de pertenencia.
El tema también tiene un componente territorial. En el norte del país, los grupos criminales concentran la captación para tareas de cruce fronterizo y vigilancia; en el sur, el reclutamiento se mezcla con la trata y el desplazamiento forzado; en el centro, proliferan las ofertas laborales fraudulentas que atraen a jóvenes desde la periferia hacia estados como Jalisco, Zacatecas o Guerrero. Cartografía que muestra un reclutamiento que responde a lógicas locales dentro de un fenómeno nacional.
Desde la perspectiva de la justicia, enfrentamos un problema doble. Primero, el vacío legal: a nivel federal el reclutamiento de menores aún no está tipificado como delito específico, lo que provoca que los adolescentes reclutados sean tratados como infractores, mientras que los verdaderos responsables quedan en la sombra. Segundo, una respuesta insuficiente, pues desde hace al menos cuatro años, diagnósticos oficiales advertían sobre estas prácticas y señalaban la necesidad de reformas; sin embargo, no contar aún con un marco legal sólido ha permitido que el fenómeno se mantenga y crezca.
La respuesta institucional debe estar a la altura de esta complejidad. No basta con dar de baja perfiles en redes sociales. Se requieren acciones coordinadas entre justicia, educación, salud y las propias comunidades. Al Estado corresponde proteger a quienes han sido reclutados, ofrecer salidas seguras, acompañamiento psicosocial y oportunidades reales de desarrollo, mientras que desde el ámbito escolar y familiar es clave detectar señales tempranas; y corresponde a las plataformas digitales diseñar e implementar mecanismos para detener y eliminar sistemáticamente todos aquellos mensajes y perfiles provenientes de grupos criminales.
El reclutamiento por parte del crimen organizado constituye una amenaza directa al pueblo de México. No podemos permitir que la delincuencia convierta la vulnerabilidad social en una oportunidad para engrosar sus filas. Este fenómeno no se resuelve únicamente con castigo, se requieren estrategias que combinen investigación, sanción con todo el peso de la ley a los reclutadores, fortalecimiento de las comunidades y creación de nuevas oportunidades para las juventudes. Hago un llamado a cerrar el vacío legal que aún permite la impunidad, exijamos la responsabilidad de las plataformas digitales que facilitan la captación y, sobre todo, como ciudadanía ayudemos a garantizar que ninguna niña o niño en México vuelva a ser visto como un recurso desechable por parte de la delincuencia. Esta es la medida de nuestro compromiso político e institucional: proteger a quienes representan el mañana de la nación.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz
