La procuración de justicia, además de garantizar el acceso equitativo a la legalidad y la reparación del daño, permite mantener la confianza en las instituciones. Sin embargo, en décadas pasadas se cometieron sistemáticamente actos indebidos a lo largo del proceso judicial que dejaron una imagen deteriorada que hemos tenido que reparar, recuperar y sobre todo preservar.
El combate a la corrupción en todas sus formas ha sido una tarea prioritaria del proyecto de nación. Con el reciente caso del exfiscal de Morelos, en donde se ha demostrado y castigado la obstrucción de la administración de justicia, el encubrimiento por favorecimiento y la tortura, se da cuenta del compromiso por eliminar cualquier mecanismo que impida que las víctimas reciban la justicia que merecen, además de castigar con todo el peso de la Ley a quienes utilicen su cargo y fuero para influenciar indebidamente los procesos judiciales.
En este sentido, vale la pena recordar la participación de la Fiscalía de la Ciudad de México, pieza clave para que los hechos en el caso de la joven Ariadna Fernanda fueran esclarecidos conforme a la evidencia disponible y al marco jurídico vigente. Este proceso dejó en claro que, en lugar de cerrar filas en torno a errores o irregularidades, la procuración de justicia operó con total independencia, sin importar quién resultase señalado en la investigación.
La lucha contra la corrupción en la procuración de justicia requiere de reformas profundas que fortalezcan la independencia y la rendición de cuentas en todas las fiscalías del país. Por tanto, se vuelve fundamental contar con mecanismos de supervisión externa que aseguren la objetividad en la actuación de los órganos encargados de la investigación criminal. La transparencia debe seguir siendo un pilar en todas las actuaciones ministeriales, y los peritajes autónomos representan una herramienta clave para evitar la manipulación de pruebas o la distorsión de los hechos. Asimismo, los mecanismos de denuncia deben garantizar protección a quienes decidan señalar irregularidades dentro del sistema de justicia, para que ningún servidor público actúe con impunidad.
La ciudadanía debe tener la certeza de que las investigaciones serán llevadas hasta sus últimas consecuencias, con apego a la ley y sin distinciones. También es importante mencionar a los órganos de control dentro de las organizaciones que están para investigar y sancionar cualquier acto irregular de las y los servidores públicos. En el caso de las Fiscalías se encuentran las unidades de asuntos internos, y en el Poder Judicial estaremos ante la transformación de lo que hasta ahora es el Consejo de la Judicatura y cuyo cambio responde precisamente a señalamientos de ineficacia y corrupción.
Finalmente queda decir que sólo con instituciones sólidas y sometidas al escrutinio público será posible garantizar que la justicia sirva a la sociedad y no a los intereses de unos cuantos. La Cuarta Transformación seguirá avanzando con paso firme para combatir la impunidad y asegurar que la justicia sea un derecho inquebrantable para todas y todos.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz