La seguridad y la procuración de justicia en la Ciudad de México requieren de un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, y al mismo tiempo que permita una actuación efectiva, adaptativa y personalizada. Bajo estas premisas y en apego a un mandato constitucional único a nivel nacional, desde la Fiscalía General de Justicia, como cada año, en un ejercicio pleno de transparencia y rendición de cuentas, desarrollamos nuestro Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, mismos que fueron presentados a inicios de año ante el Congreso de la Ciudad.
En la práctica, la política criminal se traduce en una serie de acciones y programas diseñados cuidadosamente para responder a todos los desafíos en materia de seguridad, pero también para trabajar en la prevención de futuros delitos y fortalecer el Estado de Derecho a través de nuestras instancias de atención ciudadana.
Con el desarrollo del Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, desde la Fiscalía y con apoyo de todos los Ministerios Públicos, hemos implementado y mejorado varias áreas críticas dedicadas a dar respuesta inmediata a las personas que acuden solicitando atención y justicia. Por ejemplo, hemos intensificado la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar respuestas rápidas y eficaces en emergencias, permitiendo una intervención más ágil en situaciones críticas. Basándonos en un diagnóstico detallado del comportamiento delictivo, hemos priorizado la atención y los recursos hacia los delitos de alto impacto como homicidios y secuestros. También hemos desarrollado centros especializados para la atención de víctimas de delitos, proporcionando soporte y servicios necesarios para facilitar su recuperación y reintegración. Además, la implementación de la denuncia digital ha permitido a los ciudadanos reportar delitos de manera eficiente y desde la comodidad de sus hogares, lo que ha resultado en una mayor participación ciudadana y un seguimiento más efectivo de los casos. Estas iniciativas además de ser reflejo de una respuesta a las necesidades más recurrentes de las personas, demuestran un enfoque que va más allá del castigo, enfocándose también en la prevención, atención y resolución efectiva de los problemas de seguridad pública de nuestra ciudad y sus habitantes.
Es importante mencionar que este Plan, además de ser elaborado por mandato constitucional, fue hecho como un compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, fruto de un proceso de consulta que consideró las opiniones y recomendaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en materia de seguridad pública. El Programa de Persecución Penal por su parte, tiene el objeto de elevar los controles actuación ministerial; determinar el tratamiento que recibirá cada denuncia según el delito, así como la factibilidad y trazabilidad de las investigaciones delictivas.
Para la definición de cada una de las estrategias, se contó con un diagnóstico detallado de la criminalidad que considera las particularidades de cada alcaldía, para establecer prioridades claras y concentrar los recursos en las áreas más críticas relacionadas con la atención de los delitos de alto impacto y la respuesta inmediata por parte de nuestros Ministerios Públicos y nuestros especialistas en investigación del delito, incluyendo a la Policía de Investigación. Además, la implementación de políticas específicas contra la corrupción dentro de la propia fiscalía ha fortalecido nuestra capacidad para responder de manera efectiva y justa.
A medida que cerramos el semestre inicial de implementación de nuestro Plan de Política Criminal 2024, podemos hablar de una aproximación más personal y efectiva a la procuración de justicia en la Ciudad de México con retos aún presentes, pero también reducción en la incidencia de los delitos que más nos preocupan. Las innovaciones en procedimientos de denuncia y seguimiento, como la integración de plataformas digitales, han mejorado la accesibilidad y eficiencia de nuestros servicios. Esto, unido a una mejora sustancial en la formación y recursos disponibles para nuestros fiscales y personal de apoyo, ha cultivado un ambiente en el que la justicia no solo es más transparente, sino también más ágil y adaptativa. Seguiremos enfocándonos en estas áreas, asegurando que el Plan no solo sea un marco de trabajo, sino una herramienta para alinearnos al interior de la Fiscalía en la búsqueda de los mejores mecanismos de atención a las solicitudes de justicia de nuestros ciudadanos.
Encargado de despacho de la FGJ en la Ciudad de México
