Un peritaje se obtiene a partir de la opinión técnica de una persona experta sobre hechos y evidencias relevantes para un caso. Su propósito es ayudar al juez o al tribunal a esclarecer aspectos críticos mediante técnicas y conocimientos especializados. En el sistema penal acusatorio mexicano, estos reportes son llamados dictámenes periciales y constituyen medios de prueba que pueden ayudar a demostrar la veracidad de un hecho delictivo o sustentar una defensa.
Estos peritajes se apoyan siempre en un amplio campo disciplinar: las ciencias forenses, las cuales aplican conocimientos básicos y avanzados en física, medicina, computación y muchas más disciplinas para ayudar a determinar las causas, autoría y circunstancias de un delito. Las especialidades son la dactiloscopia, la medicina, la toxicología, la antropología, la odontología forense, la informática, la reconstrucción de accidentes o el análisis de patrones de sangre. Cada una aporta información que puede ser decisiva para determinar los hechos en un juicio y así garantizar el derecho a la verdad, tanto de las víctimas como de las personas imputadas. Por ello, en el ecosistema de la procuración de justicia, los servicios periciales deben entenderse como unidades científicas estratégicas.
En un proceso de transformación institucional de las Fiscalías, tres líneas de acción en materia de mejora, resultan esenciales para los servicios periciales: 1) independencia técnica y autonomía funcional. Para la primera, el perito no puede estar subordinado a jerarquías que contaminen su labor con presiones internas o externas. En la segunda, contar con protocolos propios y mecanismos de control de calidad sistemático permite generar dictámenes más robustos, útiles en juicio y menos expuestos a nulidades procesales. La figura del perito, en tanto auxiliar del ministerio público, debe tener rigurosidad científica y reconocimiento institucional; 2) la suficiencia operativa. Esto significa contar con laboratorios y equipos actualizados, personal capacitado, estructuras claras y procesos ágiles. Algunas fiscalías han comenzado a implementar sistemas de clasificación temprana en la apertura de carpetas, donde un perito participa desde los primeros minutos con el objetivo de orientar la decisión del Ministerio Público sobre la viabilidad jurídica de cada caso. Esta medida reduce la apertura de carpetas sin fundamento técnico y optimiza el uso de recursos. Además, el desarrollo de unidades especializadas por tipo de peritaje, por ejemplo: balística, medicina legal, informática forense, reconstrucción de escenas, permite mayor precisión, trazabilidad y rigor en el proceso; 3) la estandarización nacional. Frente a la disparidad de capacidades entre fiscalías estatales, es urgente consolidar lineamientos comunes y redes colaborativas. La creación de bases automatizadas de ADN, huellas, registro de retina, homologación de técnicas periciales y aplicación de escaneo tridimensional para reconstrucción de escenas del crimen, son avances técnicamente posibles y normativamente deseables para todas y cada una de las Fiscalías.
Reconocer la centralidad de la ciencia forense en el acceso a la justicia no es una concesión técnica: es una decisión institucional y política. Porque sin peritos confiables, no hay justicia posible. Y sin ciencia, la verdad se convierte en opinión o juicio de valor, pero sin objetividad.
Definitivamente robustecer la parte pericial de las fiscalías es un reto mayúsculo pero necesario. Hay que reconocer que ya hay grandes avances, pero se debe continuar con los esfuerzos hacia la transición del uso de nuevas tecnologías para procesos sofisticados de delitos como los ciberataques, los fraudes con inteligencia artificial, la suplantación de personalidad, los secuestros virtuales entre otros. El camino es largo y se requiere de voluntad política, armonización jurídica y liderazgos que lleven a buen puerto estas transformaciones.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de la justicia y paz