La avenida Municipio Libre de la Ciudad de México, así como la calle con el mismo nombre en las ciudades de Puebla, Veracruz, Toluca, Oaxaca y Tuxtla, llevan ese nombre en referencia al histórico concepto constitucional que designa autonomía política y administrativa a los municipios frente al poder central. Principio que fue fortalecido y consagrado a partir de la Revolución mexicana y quedó establecido en la Constitución de 1917, a través del artículo 115 Constitucional, con reformas que devolvieron facultades locales a las autoridades municipales tras años de centralización durante el porfiriato y conflictos políticos anteriores.
Municipio libre se refiere al derecho local que tiene cada uno de los 2,478 municipios del país, para organizar su gobierno, elegir a sus autoridades y administrar sus propios recursos, sin intervención directa de otros poderes. El municipio libre es entonces, un reflejo del impulso a las nociones de autonomía local y gobierno cercano a la gente, así como ejemplo de una de las reformas más significativas del constitucionalismo mexicano tras 1917.
Hoy; sin embargo, esta figura local de gobierno ha sido reconocida de manera recurrente como el punto más vulnerable del Estado y en fechas recientes sus titulares han resultado detenidos por su presunta vinculación con redes de delincuencia organizada.
Una de las explicaciones tiene su origen en el debilitamiento del Estado durante la era neoliberal y la orientación gerencial en el ejercicio de gobierno, con esta visión muchos de los servicios municipales empezaron a cobrarse o subrogarse a particulares, así como la realización de obras y proyectos estratégicos mediante esquemas de inversión público-privadas.
Lo anterior impactó en conductas patrimonialistas por parte de ediles, síndicos y regidores. Se aprovecharon los limitados recursos para compras que resaltaran su gestión, como luminarias con carcasas según el color de su partido, y procedimientos que les permitían hacerse de recursos adicionales para sus campañas de reelección o directos a su pecunio.
Si a esta tendencia le agregamos la complejidad social y política donde los órdenes de gobierno se fragmentaron en cuanto origen partidario, se tienen documentados conflictos entre autoridades estatales y municipales, incluso acciones que obligaron a la intervención del gobierno nacional como fue el escándalo de la designación de fondos federales mediante acuerdos directos entre legisladores y presidentes municipales conocido como “moches”.
Otro elemento clave es el papel del tejido social organizado. Los territorios menos vulnerables a la captura criminal suelen ser aquellos donde existen comunidades con capacidad de organización, participación y exigencia. Cuando las organizaciones sociales, de productores y prestadores de servicios, las asociaciones vecinales y los espacios de deliberación pública forman parte de la vida local, la presión se distribuye en estas redes.
Entonces la pregunta surge casi de manera natural e incluso urgente ¿cómo preservar esa cercanía con la ciudadanía? razón de ser del municipio libre, sin convertirla en un factor permanente de vulnerabilidad. Diversos analistas coinciden en que la fortaleza del municipio no radica en líderes carismáticos ni en soluciones excepcionales, sino en la densidad institucional del gobierno local; y la izquierda democrática ha defendido históricamente esta idea: más Estado en lo local no significa menos comunidad, sino más protección para ella. El bienestar social y la sustentabilidad económica empieza desde los lo local. Despersonalizar el poder no es alejarlo, sino hacerlo más resistente.
Por otro lado, la cercanía solo es sostenible cuando los gobiernos se inscriben en un horizonte de justicia territorial. Municipios con alta desigualdad, economías informales dominadas por rentas ilegales y débil presencia de servicios públicos colocan a las autoridades locales en una situación de aislamiento estructural. En esos contextos, la o el presidente municipal se convierte en el único rostro del Estado, y por lo tanto en el punto más vulnerable. Por ello, debemos fortalecer los Ayuntamientos, como gobiernos colegiados y vigilantes. Fortalecer la presencia pública en salud, educación, trabajo y bienestar, se vuelve una condición para que la proximidad no derive en fragilidad. Desde esta mirada, el debate sobre el municipio libre, es sobre cómo sostener la democracia desde lo local en contextos donde aún está presente una marcada asimetría del poder.
Preservar la cercanía con la ciudadanía ha sido, históricamente, una de las mayores virtudes del municipio. Quienes gobiernan desde lo local saben que esa proximidad implica escucha permanente, presencia cotidiana y responsabilidad directa frente a comunidades diversas y exigentes. Ejercer el poder en ese nivel nunca ha sido sencillo y hoy, en muchos territorios, supone desafíos que rebasan por completo lo administrativo.
Por eso, pensar en el Nuevo Municipalismo como base de nuestra estructura republicana implica reconocer su centralidad y su carga. Fortalecer las condiciones en las que se ejerce el gobierno local no es un juicio ni una corrección, sino una forma de valorar su papel en la vida democrática del país. Cuando la cercanía se sostiene con respaldo institucional, organización comunitaria y corresponsabilidad pública, el municipio conserva su legitimidad y su capacidad de gobernar.
Finalmente, cuidar al municipio es cuidar a quienes, todos los días, dan rostro al Estado en el territorio. En ese esfuerzo compartido se juega buena parte de la estabilidad democrática del país y la vigencia de un federalismo que sigue encontrando en lo local su anclaje más sólido, pues a final de cuentas, es este orden de gobierno el más próximo a la ciudadanía.
Académico