La designación de María Dolores González Saravia Calderón como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029 representa claramente una declaración de intenciones sobre el tipo de arbitraje cívico que la capital necesita para este sexenio. Que los votos de todas las fuerzas, incluyendo a las de oposición, hayan coincidido, va más allá de la unanimidad. Bien podría interpretarse como un consenso por la necesidad de otorgarle a esta Comisión la autoridad moral que requiere con urgencia para enfrentar las tensiones que genera la mediación entre la sociedad y el Estado.
Cuatro décadas de acompañamiento a víctimas provenientes de pueblos originarios, colectivos de víctimas y organismos internacionales revelan un método que entiende la defensa de los derechos desde el territorio. Procesos de diálogo, escucha estructurada, verificación de agravios, rutas de reparación y garantías de no repetición, resultarán entonces herramientas cotidianas que ahora deberán institucionalizarse para ofrecer a la ciudadanía.
Serapaz, organización que durante dos periodos estuvo a cargo de la ahora Ombusdpersona, muestra la huella de la gestión que durante los siguientes cuatro años veremos en la CDHCM, pues recordemos que Serapaz no es una ONG más, sino un laboratorio mexicano de construcción de paz nacido bajo la inspiración de Jtatik Samuel Ruiz con una perspectiva de la ética muy concreta: transformar conflictos sin abandonar la dignidad de las partes, fortalecer actores sociales y articular procesos locales para que el Estado llegue a soluciones legítimas, no solo legales. Este ADN es el que ahora puede oxigenar a la Comisión si se traduce en protocolos actualizados, indicadores más realistas y tiempos de respuesta más eficientes.
La Ciudad de México vive la agenda de derechos más grande y tal vez la más compleja del país, en donde coexiste por ejemplo la preocupación por el acceso efectivo a vivienda frente a la gentrificación y la redensificación; o la necesidad de garantizar la integridad personal ante prácticas de detención arbitraria y malos tratos; la inclusión y no discriminación para juventudes, personas con discapacidad y población migrante; y un ecosistema gigante de datos que deben volverse públicos y estar siempre disponibles para escrutar las políticas de esta ciudad.
¿Qué debería representar su llegada para las y los capitalinos? Primero, la centralidad del artículo 1º constitucional en clave metropolitana: prevenir antes que remediar. Eso implica que cada recomendación sea, además de jurídica, un instrumento preventivo con métricas de cumplimiento público: tiempos, responsables, presupuesto, trazabilidad; y con verificaciones en campo. Segundo, la CDHCM como articuladora: cuando los conflictos cruzan seguridad, movilidad y vivienda, la institución debe tejer mesas de solución con gobierno, alcaldías, concesionarios, vecindades y colectivos, y dejar testigos públicos del avance. Tercero, blindar independencia y pertinencia; la ciudad puede marcar la diferencia si su comisión sostiene autonomía crítica, transparencia radical y diálogo exigente con la jefatura de gobierno.
Otra oportunidad muy importante y necesaria con relación a los datos e información pública, radica en convertir a la CDHCM en una institución que mida lo que importa, pues la ciudad sigue necesitando indicadores públicos de detención arbitraria y uso de la fuerza; un tablero de impactos de redensificación en alquileres y desalojos; métricas de discriminación efectiva en empleo, calle y servicios; y un protocolo vivo para población migrante y personas buscadoras que combine atención, mediación y reparación.
La paz no es retórica y los derechos no son mensaje de propaganda. Son procedimientos, plazos, verificaciones y responsabilidades compartidas. La capital no necesita una comisión que aplauda ni una que grite, sino una que exija, mida y resuelva. Con ese mandato llega la nueva presidencia. Lo demás solo tendrá sentido si se traduce en menos violaciones, más reparación y una ciudad que haga compatible su discurso social con su realidad cotidiana. Bienvenida a la mediación de la ciudadanía, Presidenta María Dolores, (Lolis como la conocemos afectuosamente) a una ciudad que, pese a tantas y tantas luchas, sigue quedando corta en Derechos Sociales.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de justicia y paz