Cuando la orden de un juez tarda meses o años en cumplirse, la víctima puede sentirse abandonada, el imputado impune y la autoridad desacreditada. En esos casos, que aún suceden con cierta frecuencia, se vuelve muy difícil defender la idea de una justicia eficaz.
Detrás de esos retrasos suele haber un punto ciego del que poco se habla: los mandamientos judiciales. Órdenes emitidas por jueces y juezas para que una autoridad actúe de inmediato: detener a una persona (orden de aprehensión), presentarla ante el juzgado (orden de comparecencia), ingresar a un domicilio (orden de cateo), localizar a alguien con fines de investigación o ejecutar una sentencia. Mandatos legales que, si no se cumplen en tiempo y forma, dejan en suspenso el curso del proceso penal.
En el sistema penal acusatorio, los mandamientos judiciales son determinantes en todas las etapas, desde la investigación inicial, para evitar que una persona imputada escape o destruya pruebas, hasta el juicio, donde son clave para garantizar la presencia de testigos, víctimas o peritos. También lo son en la ejecución de sanciones. Entonces, estos llamados Mandamientos Judiciales son, en esencia, el mecanismo que convierte las decisiones del Poder Judicial en actos concretos y, por lo tanto, sin su cumplimiento oportuno, el proceso se paraliza, generando la sensación de que la justicia no se ha alcanzado.
En la práctica el cumplimiento de estas órdenes pareciera que corresponde exclusivamente a la policía e incluso por esta misma percepción, se atribuyen los rezagos exclusivamente a estas áreas, cuando en realidad también son competencia directa de las Fiscalías, en su carácter de autoridades que dirigen la investigación y con competencia directa en su ejecución. A pesar de ello, muchas fiscalías han funcionado como si esta responsabilidad les fuera ajena, como si la ejecución de órdenes fuera tarea exclusiva de la policía, como si su rezago no afectara directamente la legitimidad institucional, y esto ha ocasionado mandamientos que se acumulan sin cumplirse: órdenes que caducan, imputados que escapan y víctimas que desisten.
¿Qué se puede hacer al respecto? En el marco de las trascendentales reformas al sistema judicial y la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es necesario reflexionar sobre mecanismos que permitan la creación de áreas especializadas en mandamientos judiciales, para empezar a cerrar la brecha entre la resolución judicial y su cumplimiento. En este esfuerzo, será igualmente fundamental estrechar la coordinación con el Poder Judicial, no solo para efectos operativos, sino para conocer de manera directa los criterios que cada juzgador considera válidos y necesarios para el cumplimiento de los mandamientos. Espacios como conversatorios institucionales y mesas de trabajo podrían convertirse en herramientas clave, especialmente en el contexto de renovación e integración del nuevo Poder Judicial.
Hoy sabemos que el éxito en los procesos judiciales no depende sólo de construir buenos casos, sino de asegurar que las órdenes derivadas de ellos se cumplan con prontitud, legalidad y respeto a los derechos humanos. Esto exige al menos tres condiciones: una coordinación interinstitucional efectiva, la profesionalización del personal encargado de ejecutar mandamientos, y el uso de tecnología para su gestión, seguimiento, priorización y localización.
Desde un enfoque de eficiencia procesal, es momento de entender que cada orden cumplida a tiempo es un mensaje claro a la ciudadanía: que la ley sí se aplica, que la justicia sí llega, que no todo queda en palabras. Y también es un mensaje disuasivo para los agresores: que el sistema no olvida ni renuncia a hacer cumplir el derecho.
En contraste, cuando una orden judicial no se ejecuta por falta de personal, de coordinación o incluso corrupción y negligencia, lo que se instala en la ciudadanía es la desesperanza; y la víctima vuelve a ser víctima, pero ahora del sistema. Por eso, la eficiencia procesal de nuestras fiscalías también debe de medirse en términos de cumplimiento oportuno de mandamientos judiciales.
En el marco de la nueva etapa de esta importante transformación institucional que impulsamos como país, necesitamos fiscalías que no solo acusen, sino que hagan cumplir la ley. Que se asuma la responsabilidad de cada tramo del proceso, desde la carpeta hasta el cumplimiento de la sentencia. Y para eso, urge profesionalizar, centralizar y dar seguimiento técnico al cumplimiento de los mandamientos judiciales. No como un trámite, sino como una función esencial para garantizar que la justicia no se quede en papel, pues justicia que no se ejecuta, no es justicia.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de la justicia y paz
