En la propuesta presentada por la diputada Ana Francis Bayghen Patiño, del grupo parlamentario de Morena el pasado 27 de febrero en colaboración con personal de la Fiscalía de la Ciudad, se plantea un valioso esfuerzo por visibilizar los delitos sexuales y mostrar las violencias históricas ejercidas contra las mujeres. Propone, entre otras aportaciones, una adecuación transversal de la perspectiva de género, como parte de los bienes protegidos en el Código Penal de la Ciudad, mismos que son vulnerados por diversas causas que violentan la esfera material y jurídica de sus derechos, es decir, que violentan el derecho a la libre decisión sobre su cuerpo y su libertad sexual y psicoemocional, en un entramado complejo de opresión invisibilizada.
El planteamiento de la propuesta es una reforma integral de los delitos sexuales, con la finalidad de considerar en el centro de la atención, esencialmente a las mujeres, de todas las edades, y en señalar como bienes fundamentales de protección, el correspondiente a su derecho a la decisión, informada y libre, y de su protección al normal desarrollo desde la etapa infantil y hasta la edad adulta.
Lo señalado anteriormente es de la más alta urgencia para su atención como reclamo social, pudiéndose determinar dos ejes fundamentales, que son el tutelar y defender los derechos frente a una cultura que normaliza las formas opresivas y ausentes de libertad de las mujeres, permitiendo que accedan a una libertad total sobre su sexualidad y a relaciones más responsables y sustentadas en el respeto a sus opiniones y a su derecho a consentir o disentir en el contexto de sus relaciones afectivas, libres de toda violencia.
En consecuencia también debemos considerar que en los procesos de impartición de justicia, se debe observar una cultura de legalidad con perspectiva de género en favor de las mujeres, bajo un principio “pro feminae” a partir la adaptación de la legislación en concordancia con la procuración de justicia, que de manera inmediata debe aplicar estos parámetros a su actividad diaria.
No debemos pasar por alto que las mujeres han sido históricamente vulneradas en sus derechos. Por ello es indispensable que el sistema de justicia vigile, prevenga y en su caso sancione todas aquellas formas y prácticas que devienen en forma de microviolencias opresivas, y establecer políticas integrales de carácter general en el ejercicio de una sexualidad libre para generar un cambio en la idiosincrasia del trato a las mujeres.
Otro aspecto interesante de la reforma, radica en la idea de establecer líneas claras y concisas en cuanto a las descripciones de los tipos penales en la materia de los delitos sexuales, aunque una revisión de todo el sistema de justicia penal y su relación de manera directa e inmediata con otras materias, debe someter a examen sus presupuestos, para garantizar que las mujeres tengan plena protección de sus derechos.
Con el impulso y la participación, social, económica, política y cultural, hombres y mujeres debemos transitar para reconocer el estatus de las mujeres como sujetos soberanos y con derechos plenos en todos los ámbitos de su vida.
Será interesante la discusión legislativa, pero por lo pronto esta Fiscalía trabaja para normar y normalizar nuestras prácticas con perspectiva de género, a través de políticas permanentes que hagan posible la concientización del personal ministerial, pericial y de investigación en sus diferentes actividades de intervención.
