La Cuarta Transformación representa un cambio orientado hacia un país más equitativo y justo, en el que las instituciones respondan cada vez más y mejor a las necesidades de todas y todos los mexicanos, en vez de ser vistas como espacios de privilegios para funcionarios y determinados grupos de poder. En este proceso de transformación, los derechos humanos mantienen su rol protagónico que han tenido desde el siglo pasado, pero pasan de ser aspiraciones abstractas a realidades tangibles, especialmente para quienes históricamente han sido marginados. En este contexto, la justiciabilidad se erige como un mecanismo fundamental para garantizar que las leyes, normas y reglamentos se traduzcan en una justicia efectiva, accesible y sostenible.
La justiciabilidad, como concepto y práctica, busca que los derechos establecidos en tratados nacionales e internacionales sean accionables en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la salud, la justiciabilidad permite que una persona reciba el tratamiento médico que necesita para atender su enfermedad, superando prácticas negligentes que en otro momento le impidieron el acceso a este tratamiento. Este mecanismo obliga a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades y garantiza que los ciudadanos no solo tengan derechos en teoría, sino que puedan ejercerlos plenamente.
En el contexto de la Cuarta Transformación, la justiciabilidad adquiere una importancia especial para avanzar en la agenda de justicia social. Para ello, es fundamental que nuestro sistema judicial opere bajo principios de independencia y progresividad. Por ejemplo, un juez que resuelve un caso de despojo de tierras indígenas no solo debe aplicar la ley nacional, sino también considerar tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos originarios. Esto no solo asegura justicia en el caso individual, sino que sienta precedentes que beneficien a comunidades históricamente vulneradas.
Materializar el compromiso con los derechos humanos requiere incorporar la justiciabilidad como eje transversal de las políticas públicas a nivel nacional. Por ejemplo, en el ámbito educativo, una política pública alineada con la justiciabilidad podría incluir mecanismos que garanticen acceso igualitario a escuelas de calidad, especialmente en aquellas zonas con mayor marginación del país, lo que implica asegurar recursos, infraestructura y formación docente adecuada, pero también establecer vías para que las familias afectadas por desigualdades estructurales puedan exigir sus derechos ante los tribunales.
La integración de la perspectiva de género en las decisiones judiciales es un ejemplo claro de cómo la justiciabilidad puede transformar las instituciones. Desde este enfoque, los tribunales tienen la responsabilidad de interpretar las leyes basadas en los derechos humanos y el enfoque de género, asegurando que las mujeres y las niñas tengan acceso a una justicia efectiva, especialmente en casos de violencia o discriminación. Pero la justiciabilidad no solo puede ser entendida como una herramienta institucional, ya que con la participación de la sociedad, a través de las organizaciones comunitarias, gremios y colectivos también es posible visibilizar violaciones de derechos y exigir cambios estructurales. En este sentido, la educación en derechos humanos se vuelve pieza clave para fortalecer este esfuerzo colectivo, pues ciudadanos informados exigen una mayor rendición de cuentas y actúan como contrapeso frente a las decisiones que puedan limitar los derechos fundamentales.
Es imperativo fortalecer nuestras instituciones y fomentar la participación ciudadana, asegurando que cada persona tenga las herramientas para exigir y ejercer sus derechos. La justiciabilidad será en los siguientes años un mecanismo cada vez más presente en las discusiones académicas, institucionales y legislativas, si lo que pretendemos es consolidar un país más democrático y equitativo, en donde los derechos humanos sigan siendo un eje rector para alcanzar un país más desarrollado, sin dejar a nadie atrás.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz.
