La investigación criminal no puede depender de la suerte de tener “buenos hallazgos” en una escena del crimen, la mera intuición del perito o el interés político por evitar algún escándalo mediático. La justicia hoy requiere de bases sólidas: equipos bien coordinados, criterios claros de actuación y un rumbo firme determinado por el método científico. Por ello, como ciudadanos merecemos fiscalías transformadas, con unidades profundamente operativas, para investigar bajo las mejores condiciones.
Investigar bien comienza por entender que el delito no surge de la nada, muchas veces es producto de lo que llamamos violencia estructural, que comprende condiciones sociales que favorecen la marginación, la exclusión, la impunidad y la falta de oportunidades. Es decir, comprender que la violencia se ejerce desde la desigualdad y la pobreza, cuando el acceso a los derechos no es equitativo, o cuando el machismo y la corrupción se normalizan. Por ello, la violencia estructural no siempre se ve, pero está y alimenta muchas de las conductas delictivas.
Transformar a las fiscalías pasa por reorganizar unidades de atención, equipos de trabajo y oficinas, pero lo más importante implica poner en marcha un sistema de trabajo ordenado y coherente, donde los tres pilares de la investigación (el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los Servicios Periciales) trabajen de manera conjunta, con funciones claras y tramos de responsabilidad perfectamente definidos, atendidos y cubiertos, sin espacio para la ambigüedad. Cuando esto no ocurre, los casos se pierden. Pero cuando hay coordinación, claridad en los objetivos y formación profesional, es posible descubrir prontamente la verdad, castigar y reparar el daño integral a cada víctima.
Hay que decir que no todos los asuntos requieren el mismo tipo de tratamiento. Por ello, es clave contar con una evaluación inicial ágil, profesional y responsable, que permita detectar desde el primer momento los casos urgentes, los que involucran violencia grave o víctimas vulnerables, y de esta manera evitar llenar los escritorios con expedientes que nunca avanzan. Esto no solo es una cuestión de eficiencia: es un asunto de justicia, vocación de servicio y de respeto a quienes necesitan una respuesta pronta del Estado.
Aunque todos y cada uno de los delitos son importantes, no todos pueden ni deben investigarse de la misma forma. Un feminicidio, una desaparición o una agresión contra una niña, requieren mayor sensibilidad, conocimiento especializado y protocolos homologados, para saber tratar con seriedad y cuidado los casos más delicados, sin crear élites técnicas, sino equipos altamente preparados para entender lo que viven estas víctimas y responder de forma adecuada estas circunstancias.
También existe la “impunidad estructural” cuando los errores no son la excepción, sino la regla; cuando las instituciones han sido “dejadas así” para no funcionar del todo. Esta impunidad se expresa en carpetas mal integradas, investigaciones sin seguimiento, policías sin herramientas y juicios que no terminan.
Cambiar esto requiere mucho liderazgo, voluntad política y trabajo institucional sostenido. Porque una fiscalía que investiga bien no es la que abre más carpetas, sino la que resuelve casos con pruebas y respeto a los derechos. No solo se trata de castigar más, sino de hacerlo bien, con método, con verdad y con sentido social.
La ciudadanía no solo tiene derecho a ser escuchada: tiene derecho a que sus casos sean investigados con seriedad. Y eso solo será posible si pasamos del discurso a la transformación real, porque no hay justicia sin verdad, y no hay verdad sin método. Seguiremos en la reflexión.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz