El Estado de Fuerza es un concepto que proviene del ámbito policiaco y militar, al hacer referencia a la capacidad que tiene determinada región para ejercer sus funciones de seguridad; y no se limita solo al número de policías, su distribución y su nivel de formación. También hace referencia a sus condiciones laborales, su certificación y la forma en que se articulan con otros componentes del sistema, como la justicia cívica. Hoy, además representa una medida para conocer si la seguridad pública puede sostenerse en la práctica a partir de los elementos activos para cubrir estas labores.
Su relevancia en la construcción de paz en México se entiende mejor a la luz del enfoque que ha venido consolidándose en la política pública reciente, particularmente en la actual administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se ha insistido en la prevención, la atención a las causas y la proximidad como ejes de acción. En ese marco, el estado de fuerza adquiere un papel central porque es el instrumento que permite materializar esos principios en la vida cotidiana. Sin presencia institucional suficiente y adecuadamente organizada, la prevención se vuelve limitada y la intervención llega de manera tardía.
En este sentido, la versión más reciente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales ofrece una sólida base para observarla. Para esta edición, el censo ha reportado un total de 166,091 personas adscritas a instituciones de seguridad pública municipal para 1,898 municipios que reportaron contar con una institución formal de seguridad pública. En términos de cobertura, la tasa nacional se ubica en 1.3 elementos por cada mil habitantes; y, en el componente de fortalecimiento institucional, 62.8% del personal cuenta con Certificado Único Policial y 67.7% con evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes. Finalmente, el presupuesto ejercido por las instituciones municipales de seguridad pública ascendió a más de 109 mil millones de pesos en 2024; datos que en conjunto nos ayudan a comprender la dimensión actual de cobertura, así como la diversidad territorial del país y la forma en que el sistema de seguridad se ha tenido que adaptar para responder a cada una de las condiciones locales del país.
El modelo nacional actual, además ha incorporado un enfoque que reconoce la importancia de intervenir en las conductas que anteceden al delito, particularmente aquellas que se expresan como faltas administrativas o conflictos cotidianos. En este sentido, el estado de fuerza municipal toma completamente sentido ya que hace referencia directa a las capacidades locales para gestionar la convivencia social, no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado. Para ello, el censo actual permite observar esta dimensión al incluir información sobre faltas cívicas, procedimientos administrativos y puestas a disposición. Esto sin duda contribuye a profundizar el análisis del rol policial, más allá del delito; y permite entender a la seguridad como una función que también se construye en la gestión cotidiana del orden social.
Desde una perspectiva académica, el estado de fuerza ofrece una vía para analizar la política de seguridad con base en evidencia. En el contexto actual, donde la construcción de paz se plantea como un objetivo central, este tipo de instrumentos de consulta pública y abierta permite vincular el diseño de la política pública con su implementación concreta.
Así, hablar de estado de fuerza hoy, permite situar la conversación en el nivel donde la seguridad se vuelve visible para la ciudadanía: el municipio; pues es ahí donde se puede observar e incluso documentar si las políticas están logrando traducirse en presencia, capacidad de respuesta y gestión efectiva de la convivencia.
En suma, este estado nos permite reconocer que la paz se construye desde abajo, con instituciones que están, que responden y que se sostienen en el tiempo. Por eso contar hoy con información como la que produce el Inegi permite dimensionar la realidad de la seguridad a partir de los elementos municipales, reconocer lo que sí está funcionando y enfocarnos en lo que necesita fortalecerse.
Académico