Imagina una fiscalía que atiende una denuncia por feminicidio con el mismo procedimiento con que procesa el robo de una motocicleta. Que recibe a la madre de una persona desaparecida con el mismo protocolo con el que toma la declaración de un testigo en una riña vecinal. Que en un caso de trata de personas, con implicaciones internacionales, violencia sistemática y redes criminales complejas, se utilizan los mismos recursos con los que se investiga una amenaza telefónica o a través de redes sociales. El resultado no solo sería ineficiente: sería cruel.
Cuando una institución de justicia trata por igual todos los delitos, corre el riesgo de no estar a la altura de ninguno. Ésta ha sido una de las causas por las que muchas fiscalías no han logrado responder con eficiencia crímenes particularmente graves que presentan patrones complejos, generan afectaciones profundas y colocan a las víctimas en condiciones que demandan respuestas institucionales diferenciadas. Por ello, no pueden investigarse con las mismas herramientas ni bajo los mismos procedimientos que se aplican a otros delitos. La especialización del personal ministerial, pericial y policial, junto con el fortalecimiento de cada una de sus áreas, representa una vía concreta para que las fiscalías se consoliden como instituciones técnicas, sensibles y eficaces, superando los rezagos de modelos que, en el pasado, ofrecieron resultados limitados frente a los desafíos de la justicia contemporánea.
Cuando las fiscalías crean unidades específicas, con personal capacitado, normas claras y protocolos adecuados, los resultados son diferentes. Lo que antes se perdía entre carpetas mal integradas y trámites interminables, puede convertirse en una investigación con sentido, en un proceso de judicialización robusto y, lo más importante, en una respuesta digna para las víctimas.
Este modelo parte de una idea sencilla: la especialización no es lujo, es una urgente necesidad. Para los casos de feminicidio, por ejemplo, durante nuestro paso por la FGJ de la Ciudad de México, se diseñaron protocolos con perspectiva de género que indican cómo asegurar el lugar de los hechos, cómo entrevistar a testigos, cómo valorar indicios y cómo evitar que los prejuicios contaminen la investigación. El enfoque no es castigar más, sino investigar mejor. En los casos de desaparición, la clave fue separar con claridad estas investigaciones de las de secuestro, y articular desde el inicio el trabajo entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda. Cuando logramos hacer esto con rigor, fue posible actuar con mayor rapidez, evitar omisiones y reducir el dolor que genera la incertidumbre prolongada.
También se incorporaron mecanismos que ayudan a ordenar el trabajo de quienes investigan. El triaje penal (o priorización inicial de casos), por ejemplo, permitió que el Ministerio Público, con apoyo de peritos, evaluara rápidamente la pertinencia de abrir una carpeta. Con ello se evitó sobrecargar a las y los fiscales con denuncias que no tienen base jurídica o que no pueden avanzar, concentrando los esfuerzos en los que verdaderamente requieren atención urgente. No se trata de negar acceso a la justicia, sino de garantizar que los recursos públicos se usen donde realmente pueden hacer la diferencia.
Otro avance relevante fue la integración de equipos que analizan el contexto en el que ocurren los delitos. Esto permite identificar patrones de agresión, ubicar zonas de alto riesgo, conocer el perfil de los agresores y diseñar estrategias de intervención más efectivas. Cuando se dedica el tiempo necesario al contexto, los hechos aislados desaparecen y se vuelve visible el entramado necesario para una actuación efectiva de la justicia.
La especialización también permite la creación de unidades de atención integral a víctimas, con los protocolos, recursos y personal necesarios para acompañar, informar y proteger a las personas afectadas por estos delitos, mediante contención psicológica, asesoría jurídica y medidas de seguridad, desde el primer momento. Cuando las fiscalías asumen esa responsabilidad, la experiencia de las víctimas mejora y su participación en el proceso se fortalece.
Cuando existe un diseño normativo claro, compromiso institucional y sobre todo voluntad política, no se necesita reinventar la rueda, solo aplicar lo que sabemos que funciona. Hoy contamos con un marco jurídico robusto, la ley ha mejorado y continúa perfeccionándose, toca a las Fiscalías implementar con estructuras y personal a la altura de los retos contemporáneos.
No podemos permitir que delitos que hieren con tanta profundidad sigan siendo tratados con superficialidad. La justicia no puede ser genérica, debe tener rostro, contexto y método; y la especialización es el primer paso para garantizarlo. Revivir fórmulas que habían sido olvidadas porque demostraron que no funcionan no es el camino más corto, ni éticamente correcto.
Llamado a la paz. La reciente ofensiva de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, bajo la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, nos recuerda los peligros de reemplazar el diálogo por la fuerza. Frente a esta peligrosa y equivocada acción, alcemos la voz para llamar a la paz. Ningún conflicto se resuelve con bombas y ningún acuerdo nace de la imposición. La comunidad internacional debe detener los ataques y reabrir las vías diplomáticas antes de que los daños y pérdidas continúen en una escalada sin retorno.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de administración de justicia y paz
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