Hay momentos en la historia de México en los que un recurso tan elemental y preciado, como son nuestras reservas energéticas, dejan de ser un asunto técnico y vuelven a colocarse en el terreno de las decisiones estratégicas del Estado. Recordemos el histórico año de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera, medida que reorganizó la industria energética de México y sobre todo definió un principio que marcaría nuestra política pública por décadas: el control del petróleo debe permanecer en manos de la nación porque de él dependen nuestras capacidades para tomar decisiones económicas sin subordinación externa. Entonces nuestro petróleo pasó a ser un componente clave para la soberanía nacional.
Con el paso del tiempo, sin embargo, nuestro modelo energético cayó en una contradicción, pues continuamos siendo un país productor y exportador de petróleo crudo, pero perdimos capacidad para transformar ese crudo en combustibles. A principios de la década pasada esta situación se volvió particularmente visible: México exportaba grandes cantidades de petróleo y, en simultáneo importaba casi toda la gasolina y el diésel que se consumía nacionalmente. Este esquema nos dejaba expuestos económicamente a los precios internacionales, a interrupciones logísticas y a decisiones geopolíticas fuera de nuestro territorio. Vendíamos la materia prima, pero dependíamos del exterior para el abastecimiento cotidiano de energéticos derivados del petróleo.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó una estrategia para recuperar la capacidad nacional de refinación. Dos decisiones marcaron ese periodo: la compra total de la refinería Deer Park en Texas en 2022, que pasó a manos de Pemex tras adquirir la participación de Shell; y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Tabasco. Así como la rehabilitación de las refinerías existentes en México; porque si México producía petróleo, también debería de tener capacidad para transformarlo en el combustible que se consume en el país.
Hoy, los resultados comienzan a reflejarse en algunos indicadores operativos del sistema de refinación, pues tan solo en este último año el procesamiento de crudo alcanzó un promedio cercano trimestral de 1.13 millones de barriles diarios, lo que representa un incremento importante respecto al mismo periodo del año anterior. También la producción de gasolinas, diésel y turbosina mostró un aumento significativo, lo que refleja un esfuerzo por recuperar una capacidad industrial que durante muchas décadas se había deteriorado.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado la continuidad de esta estrategia de autosuficiencia, iniciada en el sexenio anterior, pues ha afirmado acertadamente que la seguridad energética no puede depender únicamente del funcionamiento del mercado internacional. En este sentido, contar con una infraestructura nacional de refinación, almacenamiento y distribución cada vez mayor nos permitirá reducir la vulnerabilidad frente a choques internacionales en los mercados de energía, como el que estamos atravesando en estos días, a causa de la incertidumbre sobre una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo, en el Estrecho de Ormuz.
Cuando existe riesgo en el suministro, los precios reaccionan de inmediato y las cadenas logísticas se vuelven más costosas. Para los países que dependen de importaciones de combustibles, estas variaciones pueden reflejarse rápidamente en la inflación y las finanzas públicas; pero el tema de la seguridad energética va más allá: México y el mundo necesitan avanzar más rápido en la transición hacia energías renovables y tecnologías limpias. De hecho, en la literatura especializada sobre se habla del llamado “trilema energético” que hace referencia a la dificultad para equilibrar tres objetivos que suelen entrar en tensión: seguridad en el suministro, precios accesibles para la población y sistemas energéticos ambientalmente sostenibles. Por ello, las decisiones en materia energética suelen ser, en realidad, ejercicios de equilibrio entre intereses económicos, sociales y ambientales.
La historia energética mexicana muestra que cada generación enfrenta este debate bajo circunstancias distintas. La expropiación petrolera de 1938 respondió a un conflicto sobre el control de los recursos naturales. Las decisiones adoptadas en los últimos años han estado más vinculadas a la necesidad de reducir vulnerabilidades económicas en un mercado energético global volátil. En ambos casos, el fondo de la discusión sigue siendo el mismo: cómo garantizar que el abastecimiento de energía, indispensable para el funcionamiento de la economía, permanezca bajo condiciones que permitan al país tomar decisiones con autonomía y previsión frente a un entorno internacional incierto.
Continuemos impulsando la recuperación de nuestra capacidad de refinación, apoyemos el fortalecimiento de Pemex como empresa productiva del Estado y permitamos la ampliación de la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles, y al mismo tiempo que exploremos nuevas fuentes de energía, para alcanzar ese equilibrio energético que en el año 1938 nos otorgó mayor soberanía sobre nuestros recursos.
Académico