El próximo domingo 1 de junio viviremos una jornada electoral inédita pues, por primera vez, las y los mexicanos elegiremos a quienes impartirán justicia en nuestro país. Se trata de la elección de más de 880 cargos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Además, en 19 entidades federativas también se renovarán más de 1,800 cargos en los poderes judiciales locales. Por todo ello, el tamaño de estas elecciones no tiene precedentes y su complejidad tampoco.
Con esta reforma, la ciudadanía adquiere un derecho nuevo: el de participar en la designación de los juzgadores que interpretan y aplican nuestras leyes. Es, sin duda, una expresión de la democratización del Estado. Pero como todo derecho, exige responsabilidad: votar es un acto de conciencia y compromiso. Ejercer el voto en esta elección judicial no es solo una formalidad; es una oportunidad para afirmar nuestro compromiso con la justicia y con la transformación institucional.
Sabemos que este proceso no está exento de desafíos. Hay una legítima preocupación sobre el perfil de las personas candidatas, su experiencia profesional, su formación académica y la representatividad de sus trayectorias. Reportes técnicos han documentado que muchos de los aspirantes seleccionados tienen menos años de experiencia y menor grado de preparación que los jueces de carrera que dejarán sus cargos. También hay señales de alerta sobre la baja competitividad en varios distritos judiciales, donde en algunos casos se registró apenas una candidatura por cargo. Ante este panorama, algunos actores han llamado a la desmovilización, sugiriendo que esta elección es una farsa o que el voto carece de sentido. Nada más contrario al espíritu democrático. Las democracias se perfeccionan ejerciendo los derechos, no renunciando a ellos. La vía para mejorar cualquier proceso electoral nunca puede ser la apatía o el abstencionismo, sino la participación informada y crítica.
Pero hay que decir que no hay democracia sin ciudadanos activos. La historia nos demuestra que los avances en la vida pública se consolidan cuando el pueblo ejerce su derecho a decidir. Esta elección es también una oportunidad para ampliar nuestra cultura cívica, para exigir mayor transparencia, para fortalecer los mecanismos de evaluación de los aspirantes y para asegurar que la justicia esté en manos de los mejores perfiles, no de los más visibles.
Es cierto que la elección judicial es técnica y compleja, pues los ciudadanos deben elegir a jueces de diversas especialidades, llenar seis boletas diferentes, distinguir entre candidaturas de hombres y mujeres, y comprender cargos de los que poco se habla cotidianamente. Por ello, el Instituto Nacional Electoral ha habilitado herramientas para facilitar la decisión, como la plataforma “Conóceles”, donde se puede consultar el perfil de cada aspirante.
El derecho a la democracia no se agota al elegir representantes políticos. También incluye decidir sobre quienes deben garantizar que nuestras libertades y derechos se cumplan. Este 1 de junio, tenemos la oportunidad de ejercer ese derecho con responsabilidad. No dejemos que otros decidan por nosotros. Votar por nuestros jueces es un acto de madurez democrática y al participar en estas elecciones creamos un nuevo mecanismo para exigir una justicia más accesible, más cercana y comprometida con el pueblo.
Recordemos que votar también es exigir que nunca más la justicia se imparta de espaldas a la ciudadanía. Es tener a los juzgadores bajo el ojo público y sancionar a aquellos que liberan a capos del narcotráfico o se olvidan de juzgar con perspectiva de género. Salgamos pues este domingo a las urnas. Demos un ejemplo al mundo de ciudadanía y compromiso social.
Académico y especialista en políticas públicas en materia de procuración de justicia y paz
