La seguridad pública y la paz son fruto de la justicia. Así lo definió la Dra. Claudia Sheinbaum en su acto de toma de protesta el pasado 1 de octubre, frente a un Zócalo capitalino lleno de personas que, con júbilo y energía, recibieron el primer mensaje oficial de nuestra actual Presidenta Constitucional.
Lograr esta justicia, al menos en nuestra ciudad, pero seguramente también en todo el país, parte de un principio básico denominado Coordinación Interinstitucional y hace referencia a la capacidad entre diversas instituciones para asegurar una respuesta efectiva, anticipada, precisa y transparente, entre instituciones de seguridad y de justicia, ante situaciones que ponen en riesgo la integridad, confianza, seguridad pública y el Estado de Derecho en su conjunto.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas reconocen y dan marco a estos mecanismos de actuación, particularmente desde el ODS 16 sobre Justicia e Instituciones Sólidas, que subraya la necesidad de construir instituciones eficaces, transparentes y responsables que fomenten la seguridad y fortalezcan la confianza de la ciudadanía. Así como desde el ODS 17 que señala la importancia de promover alianzas para lograr estos objetivos, destacando la importancia de la cooperación entre diversas instituciones para alcanzar metas comunes, lo que resalta aún más la relevancia de los mecanismos de coordinación interinstitucional en seguridad pública y procuración de justicia. Aunado a ello, es importante tener en cuenta que como megalópolis, el crecimiento urbano ha trascendido las delimitaciones políticas y geográficas, de modo que hablar de una coordinación interinstitucional para la procura de justicia solo tiene sentido si se hace desde un pensamiento metropolitano, entendiendo a nuestra megalópolis como la confluencia de la Ciudad de México con los límites de nuestros estados vecinos: Hidalgo, Puebla, Morelos y por supuesto el Estado de México.
En este contexto, el modelo de coordinación interinstitucional que hemos implementado desde la Fiscalía General de la Ciudad de México, tiene como propósito asegurar que cada institución aporte lo mejor de sus capacidades para enfrentar de manera integral los desafíos de seguridad pública y justicia. Una de nuestras contribuciones a este esfuerzo ha sido la promoción y participación de nuestras unidades especializadas en comités interinstitucionales enfocados en problemáticas específicas como son la violencia de género, la violencia a niños, niñas y adolescentes, los delitos de alto impacto, el combate de células delictivas y a la búsqueda de personas desaparecidas, operando en todos los casos en tiempo real, haciendo uso de plataformas digitales para la toma de decisiones, compartiendo bases de información para optimizar la búsqueda de indicios que nos permitan llegar más pronto a los delincuentes pero también a las víctimas. Además de coordinar operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad de distintos niveles de gobierno, en especial en aquellas zonas donde la delincuencia organizada ha extendido sus operaciones.
Avanzar hacia un gobierno metropolitano coordinado representa una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia y los resultados en materia de seguridad, atención a colectivos que de manera ordenada solicitan justicia expedita. Esta colaboración también permite adaptar las estrategias de prevención y justicia a contextos específicos de cada zona, como se ha visto en casos internacionales donde zonas metropolitanas, como Nueva York o Londres, lograron reducir la delincuencia al combinar esfuerzos policiales con intervenciones comunitarias y sociales. Este enfoque integral no solo mejora la capacidad de respuesta y la eficiencia institucional, sino que también fortalece la confianza ciudadana al ofrecer soluciones más coherentes con las necesidades del territorio.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaja de manera constante para consolidar estos esfuerzos de coordinación, fortaleciendo la confianza ciudadana mediante la transparencia en su actuación y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Cada paso hacia una mayor integración institucional refuerza el compromiso con la justicia y la seguridad, sentando las bases para una Ciudad de México más segura y justa.
Es momento de avanzar hacia un modelo de justicia con un mayor enfoque en la coordinación metropolitana e intersectorial que facilite la toma de decisiones estratégicas. Esta visión permitirá responder con mayor eficacia a las necesidades de la población y ofrecer resultados tangibles en su beneficio. Todo esto, debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Nuestro compromiso es claro: garantizar que cada acción institucional esté alineada con la protección y promoción de los derechos de las personas, tal como lo establecen nuestra Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por México.