La reforma en telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una discusión que hacía falta. Durante años defendimos la libertad de expresión de periodistas, conductores y medios, como corresponde en una democracia. Con el tiempo, sin embargo, algunos espacios confundieron esa libertad con ausencia de responsabilidad y aprovechan hoy la falta de contrapesos para presentar versiones, intereses o acusaciones como si fueran información plenamente comprobada.
Frente a esos excesos, también debemos mirar hacia quienes reciben la información. Nos referimos a las personas que ven los noticieros todos los días, revisan los periódicos para mantenerse informados o usan las redes sociales para conocer los temas de actualidad. Todas y todos tenemos derecho a distinguir una noticia de una opinión, saber cuándo un contenido fue pagado y conocer si una afirmación está comprobada o todavía depende de fuentes que no pueden hacerse públicas.
Nada de esto parece extraordinario. Sin embargo, basta encender la radio o la televisión para advertir que esas diferencias no siempre están claras. Una versión se vuelve encabezado, el encabezado se repite durante horas y, cuando aparece un desmentido, suele ocupar mucho menos espacio que la afirmación inicial.
Por ello, la propuesta que hoy se consulta tiene aspectos valiosos. Por ejemplo, reconoce a las audiencias, un hecho ya relevante en sí mismo; pero también fortalece a las defensorías de la audiencia y abre vías más precisas para reclamar cuando un medio no corrige, no aclara o no distingue con honestidad entre información y opinión.
Por supuesto, también hay riesgos presentes, pues la historia nos ha enseñado que una norma mal escrita puede volverse una herramienta para castigar una investigación periodística que incomoda al poder. Por eso conviene que la consulta no pase inadvertida.
Las defensorías necesitarán una independencia real para poder revisar cómo se tomó una decisión editorial, pedir explicaciones y publicar conclusiones, aunque no gusten a la empresa; de otro modo, terminarán convertidas en simples departamentos de quejas.
Las faltas tienen que ser claras. Un medio no puede ser sancionado porque una noticia moleste o porque una opinión resulte severa. Deben existir hechos comprobables: publicidad presentada como información, acusaciones difundidas como hechos sin sustento suficiente o errores acreditados que se dejaron circular sin corrección.
Las sanciones tampoco pueden aplicarse del mismo modo a todo. No es igual equivocarse en una cifra y corregirla al día siguiente, que sostener durante semanas una versión falsa. En muchos casos bastará con actualizar, aclarar o conceder una réplica. Las multas deben reservarse para conductas graves o repetidas.
El periodismo de investigación, la crítica, el análisis y la sátira necesitan protección; la nueva regulación debe mantener el ejercicio de realizar preguntas incómodas, pero tampoco puede usarse la palabra “opinión” para disfrazar hechos que nunca fueron comprobados.
Después de muchos años mirando estos asuntos desde las instituciones, quizá conviene comenzar a verlos también desde el lugar de quienes reciben sus decisiones. La información no pertenece al gobierno ni a los medios. Mucho menos a quienes alguna vez ocupamos una oficina pública. Pertenece a la sociedad, y en estos tiempos de noticias falsas y posverdad, es urgente garantizarle los medios necesarios para distinguir una intención de un hecho.
Académico
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