Uno de los objetivos de la Reforma Electoral es eliminar el déficit democrático en México. Que es la diferencia entre las necesidades de la gente y su capacidad para decidir sobre su comunidad, frente a la capacidad para adecuar su comportamiento por actores con objetivos distintos a los de la propia comunidad.
En este tema, el país tiene una enorme deuda respecto a los objetivos que se planteó la Revolución Mexicana, por la destrucción continua del Municipio Libre desde su concepción e inclusión en la Constitución de 1917.
Durante el porfiriato, los jefes políticos tenían mayor poder que los presidentes municipales, por tener control sobre la violencia institucional y la coordinación de las actividades represivas del estado. Este poder y su objetivo, que era el de mantener el statu quo, favorecían a terratenientes y empresarios al reprimir en forma efectiva el malestar social, permitiendo la continuación de relaciones de trabajo desfavorables para los trabajadores.
Por eso, se planteó eliminar cualquier poder intermedio entre los ayuntamientos y los gobernadores y se otorgaron facultades explícitas al municipio en el artículo 115. Pero, desde el inicio, esto tuvo 2 vertientes contrarias a esa aspiración: una, en la cual esta asignación de facultades era en realidad de responsabilidades sin una contraparte en el presupuesto; y la segunda, para lograr sus objetivos la federación y el estado, acotan en la práctica, o normas secundarias expropiaban las facultades a los ayuntamientos.
¿Por qué pueden acotarse esas facultades? Porque el poder político se asigna desde el cielo y baja a los mortales. Por eso estos elegidos se deben al representante “superior” y no a la ciudadanía.
Así, proyectos sin demanda local, o aún contrarios a los intereses de los habitantes, avanzaban en los municipios en detrimento de otros proyectos más sentidos.
La soledad del presidente municipal, originada en la falta de democracia (y en buenas dosis de soberbia), lo hace blanco fácil de poderes políticos “superiores” y económicos que dominan una administración raquítica por sus recursos. Situación agravada porque en el ayuntamiento los regidores y los síndicos, electos por una lista partidaria, tampoco representan a sus habitantes.
PRI, PAN, PRD, VERDE, MC, PANAL y Morena adolecen del centralismo y, con gran desprecio, toman decisiones en los estados y municipios sin interés ni cuidado; eligen dirigencias y candidatos que no conocen; de grupos que sólo sirven para apuntalar a las dirigencias nacionales.
Corcholatas es un término peyorativo que describe bien que se convierten los candidatos y candidatas: en un objeto; un objeto para esos intereses que nada tienen que ver con el municipio y que denigran y enferman la administración y las elecciones locales.
Hasta ahora estos “representantes del pueblo”, los regidores, no lo son. Lo traicionan y obedecen al presidente o a su partido, pero no a la gente.
Los partidos no pueden ni han tenido interés en cambiar este estado de las cosas, como tampoco han podido la federación y los estados. Por eso es importante dotar a los habitantes de los municipios de un instrumento para revertir esta situación: elegir a los regidores territorialmente. Ya sea por una lista partidaria o en forma independiente.
La elección de los regidores debe ser por adscripción territorial. Los regidores deben representar conjuntos de comunidades, colonias o barrios definidos territorialmente para que vean por los intereses de la ciudadanía.
En esta propuesta no debe confundirse con las autoridades tradicionales y sobre todo con la de las autoridades auxiliares: delegados, agencias o consejos vecinales, los cuales en los mejores ejemplos son electos sin remuneración durante un año no prorrogable.
En asamblea de una comunidad, se le dijo a uno de estos delegados en Hidalgo: “Si cobras, le vas a deber al presidente”. Un año para renovar estas dirigencias locales es lo que se puede aguantar en forma honorífica.
De cara a estos dirigentes de colonias, comunidades y barrios deben estar los regidores, representar intereses amplios de un conjunto de esas comunidades y conectados con ellas sin suplantarlas.
No existen recetas milagrosas. Pero depositar el poder de los regidores en las comunidades, en lugar de las castas de burócratas y de los partidos, no puede más que mejorar la posición de esas comunidades frente al autoritarismo y la decidia de partidos y funcionarios federales, estatales y municipales.
*Documento presentado en el Foro para la Reforma Electoral.
