Orban es un nacionalista que ha pugnado desde hace años por convertir a Hungría en un Estado “iliberal” que apuesta por despertar un rancio nacionalismo sobre lo que fue el enorme territorio de “la Gran Hungría” de antes de la Primera Guerra Mundial.
Desde su llegada al poder en 2010, Víktor Orbán, Primer Ministro de Hungría ha buscado la forma de quitarle poder a los tribunales del país hasta destruir completamente su independencia. Por años, los tribunales y cortes se convirtieron en un símbolo de resistencia contra las intenciones de Orbán de destruir las instituciones democráticas del país anulando legislación tras legislación violatoria de la Constitución.
Los tribunales, la Corte Constitucional y la Curia (Suprema Corte) molestaron al Primer Ministro por echar atrás reformas en asuntos que iban desde la revocación de licencias de emisoras de radio; pasando por la regla que prohibe a los jóvenes que terminen la universidad, abandonar el país hasta por la misma cantidad de años que hayan tomado sus estudios, sin importar si haya trabajo para ellos o no; hasta la emisión de una ley para criminalizar a los pobres viviendo en situación de calle. Pero los tribunales van perdiendo la batalla. Ya en 2012, luego de una reforma al poder judicial, Orbán forzó la salida de 400 jueces, luego de haber reducido la edad de retiro de 70 a 62 años lo que le permitió deshacerse de los jueces críticos y llenar esas vacantes con leales a su régimen. La continua campaña de descrédito contra el Poder Judicial, orquestada desde el gobierno
En abril del año pasado Amnistía Internacional advertía que la reforma del 2012 había provocado la centralización del poder en el National Judiciary Office, una especie de Consejo de la Judicatura, responsable de los temas administrativos y de la profesionalización de los jueces, nombramiento de juzgadores y de la carrera judicial, imposición de sanciones, investigación interna, entre otras. Esta centralización ha tenido un impacto directo en la independencia de los jueces al momento de dictar sus sentencias.
Al contar con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, Orbán ha modificado la Constitución y las leyes a su antojo. Si antes los jueces habían calificado la ley que criminalizaba a los pobres en situación de calle, ahora se reforma la Constitución para prohibir que la gente viva en las calles, eliminando con ello la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda tomar cartas en el asunto.
El arribo de populistas, nacionalistas y dictadores de derecha y de izquierda se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes para aquellos que, con todo y sus falencias, seguimos pensando que la democracia es el sistema político más útil y menos dañino para la mayoría. Los regímenes autoritarios dejan secuelas por años y para muestra está Viktor Orbán en Hungría.
Es por ello que el ataque desde la tribuna presidencial, como el que hoy vive el Poder Judicial en México debe alertarnos sobre el grave peligro que pueden correr nuestras instituciones. El tema de la reforma eléctrica puede convertirse en un parteaguas en nuestro futuro como país. Los jueces que han otorgado las suspensiones provisionales como medida cautelar, lo han hecho apegados a sus facultades constitucionales. Amenazar con una reforma constitucional para amordazar a los jueces, muestra el talante autoritario de quien ocupa hoy el Palacio Nacional.
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