Las imágenes del canal ecuatoriano de Televisión tomado por miembros de la delincuencia organizada dio la vuelta al mundo en pocas horas. El estallido de inseguridad en Ecuador, iniciado el pasado 8 de enero, es un claro ejemplo de que el tema de seguridad será uno central en la agenda pública de toda la región.
Lamentablemente, el problema no es nuevo para Ecuador: en los últimos cuatro años, pasó de ser un paraíso identificado por las islas Galápagos a un abismo de inseguridad dominado por los cárteles del narcotráfico con innegables vínculos con los cárteles mexicanos.
Noboa, con menos de dos meses en el cargo, enfrenta uno de los momentos de inseguridad más delicados en la historia de Ecuador, en buena parte originados por su propuesta de adoptar una política de "mano dura" al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Propuestas como la creación de cárceles barcaza, la extradición de capos de la droga y la militarización de las calles, reflejan un cambio significativo hacia medidas extremas.
Recordemos que sus posturas como candidato presidencial se fueron endureciendo, proponiendo emular no solo las tácticas de Bukele, sino también su sistema carcelario. Esta dirección política encuentra eco en un Ecuador aún conmocionado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y la creciente valoración de figuras como Bukele que encabeza la aprobación de los presidentes en la región con un asombroso 92% de los latinoamericanos, incluyendo ecuatorianos, que aprueban su gestión.
La política de seguridad de Bukele, a pesar de ser controvertida, ha resultado en una disminución drástica de más del 80% en homicidios y desapariciones forzadas, y casi el 50% en extorsiones en El Salvador. Frente a estos números, este modelo de seguridad se vuelve atractivo para países asolados por la violencia.
A pesar de estos logros, no podemos pasar por alto el lado oscuro de la gestión de Bukele, pues si bien sus estrategias de seguridad han dado resultados tangibles en el corto plazo, su inclinación autoritaria representa un riesgo serio para las instituciones democráticas. El modelo salvadoreño plantea interrogantes a largo plazo. Desde la crítica por violaciones a derechos humanos tras la detención de decenas de miles de personas hoy retenidas en una mega-cárcel, hasta el talante autoritario de Bukele, ejemplificado con el cuestionable proceso que le permitió postularse nuevamente para las próximas elecciones presidenciales del 4 de febrero, a pesar de las restricciones constitucionales de El Salvador.
Aunque la reducción de la violencia es un objetivo loable, es crucial considerar el respeto a las libertades fundamentales y la construcción de instituciones sólidas y justas.
En México, la situación no es ajena, la percepción de inseguridad entre los mexicanos ronda el 62%. El fracaso del gobierno actual en la lucha contra este flagelo que nos ubican con cifras alarmantes de homicidios similares a las de Ecuador, y el creciente incremento de la violencia de los cárteles se convertirá en un tema de campaña rumbo a las elecciones de junio próximo.
El caso de El Salvador destaca un dilema crucial para toda la región: encontrar un equilibrio entre la efectividad de las políticas de seguridad y el respeto inquebrantable a las normas democráticas y los derechos humanos. La búsqueda de la paz en la lucha contra la delincuencia organizada, tan deseada por los ciudadanos, no debe comprometer las libertades democráticas. Encontrar este balance es el desafío más significativo que enfrentamos.
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