En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Austria se encontraba en una situación de caos y crisis política que derivó en una sangrienta revolución. En aquel año, el gobierno imperial austrohúngaro estaba colapsando, y los políticos tradicionales de la región de Viena habían huido o estaban desorganizados. Fue cuando un grupo de políticos socialistas y comunistas, aprovechando el vacío de poder, tomó el control del gobierno en la región. El Consejo de Trabajadores y Soldados de Viena era una organización política nacida 1918 e integrada por trabajadores y soldados que habían regresado del frente de batalla.
Después de tomar el control del gobierno de Viena, el Consejo estableció un sistema de tribunales revolucionarios para juzgar criminales de guerra. Esto generó aún más preocupaciones sobre el uso de estos tribunales para juzgar oponentes políticos y con ello poner en duda la estabilidad de la joven democracia austriaca.
La creación del Tribunal Constitucional en la Constitución de 1920 fue, en parte, una respuesta a estos temores y una medida para fortalecer el estado de derecho y la democracia en el país, evitar los abusos que quienes llegan al poder pueden cometer, ya fuera en nombre de la revolución o de la monarquía.
Los Tribunales Constitucionales se multiplicaron en Europa como una respuesta a esos abusos de poder, convirtiéndose en un elemento fundamental en el diseño de las democracias modernas con la tarea de proteger la Constitución y la garantía de los derechos y libertades ciudadanas contenidos en ella. La tendencia a crear tribunales constitucionales ha sido copiada en diversas partes del mundo, ya bien a través de un órgano independiente o bien otorgando atribuciones de control a las Cortes Supremas de Justicia como es el caso de nuestro país.
La posibilidad de que un poder independiente de los órganos políticamente electos, tenga la capacidad de poner bajo la lupa decisiones que violen la esencia de la Constitución y con ello afecten los derechos de la ciudadanía, es, como es de notar, un elemento muy valioso para evitar el abuso del poder.
En la actualidad, los líderes populistas suelen criticar el control de constitucionalidad que realizan los tribunales constitucionales porque les impide implementar políticas que van en contra de la Constitución o de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos líderes a menudo buscan consolidar su poder y mantener un mayor control sobre el sistema judicial, para estar en posibilidad de tomar decisiones que estén en línea con sus objetivos políticos, aunque éstos no sean necesariamente constitucionales, legales o éticos.
Las recientes acusaciones y descalificaciones que ha hecho López Obrador a la labor de la Suprema Corte de Justicia en torno a la suspensión de la entrada en vigor del llamado Plan B, se enmarcan en su interés de poder tomar decisiones y dictarle las mismas a su mayoría partidista sin que otro poder le ponga freno, aún cuando éstas decisiones sean violatorias de la Constitución. La Suprema Corte y particularmente su presidente, el Ministro Laynez, actúan en el marco de sus facultades constitucionales. Ni más, pero tampoco menos.
El presidente miente cuando afirma que la suspensión y la propia revisión constitucional son un “hecho inédito, injusto y arbitrario”. Más de cien años después de la creación del primer Tribunal Constitucional cuya labor es precisamente esa, es claro que busca manipular. Miente aquí igual que lo hace con la muerte de migrantes, los consejeros del INE, la prensa. Su arrogancia, prepotencia e ignorancia quedan cada vez más en evidencia para toda la ciudadanía. De aquí al 2024.
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