“Debemos ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función. […] nos va a llevar 6 meses el ir regresando al Ejército [a los cuarteles]”. Esa fue la promesa de López Obrador en campaña desde 2012. Cinco años después de haber alcanzado la Presidencia ha quedado claro para todos los mexicanos que el López Obrador candidato mentía.
Mintió cada vez que aseguró que fortalecería a la policía para que se hiciera cargo de la seguridad pública. Volvió a mentir cuando prometió crear una Guardia Nacional que estaría bajo las órdenes de un civil. Pero hay una mentira todavía más grave, pues sus repercusiones han transformado el entramado del régimen político en México. López Obrador mintió cuando argumentó que la vuelta del Ejército a los cuarteles era porque éste tiene una única función que es la de “proteger la soberanía nacional.” “El ejército -dijo- no está preparado para otra cosa”.
Al poco tiempo de haber tomado posesión, el presidente se desdecía. El Ejército seguiría en las calles como parte de una estrategia de seguridad. Estrategia que sin embargo, ha resultado fallida, como lo demuestra el alarmante número de homicidios durante la administración de AMLO, comparable al de sus predecesores en un periodo más corto. Se ha convertido en un proyecto político, donde el Ejército se utiliza para cumplir con ambiciones políticas bajo la fachada de la seguridad nacional. Este enfoque exime a los proyectos militares de la supervisión tradicional, la transparencia y la rendición de cuentas.
López Obrador lleva cinco años construyendo un Estado militar, un cambio paradigmático en la función y el alcance de las fuerzas armadas, que se ha extendido mucho más allá de la seguridad pública. Este fenómeno presenta desafíos sin precedentes para quien ocupe la silla en Palacio Nacional, quien deberá navegar un panorama político y administrativo donde el Ejército ha asumido roles cruciales en áreas tradicionalmente civiles.
Bajo el pretexto de la seguridad nacional, las fuerzas armadas ahora supervisan proyectos de infraestructura significativos, gestionan aduanas, puertos y aeropuertos, e incluso han lanzado una aerolínea. Esta expansión del rol militar en la vida civil mexicana es un cambio drástico y peligroso.
Esta expansión no solo contraviene el artículo 129 de la Constitución, que limita el papel de las fuerzas armadas en tiempos de paz, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la erosión de la separación entre lo militar y lo civil. La supervisión militar de proyectos de infraestructura clave, la gestión de aduanas, puertos y aeropuertos, y la distribución de libros de texto son indicativos de un cambio significativo en la estructura de gobernanza del país.
Visto como proyecto político, la creación de un Estado Militar coloca a las fuerzas armadas en una posición política que pone en riesgo su papel como responsables de cuidar la jornada electoral y proteger las boletas electorales en las próximas elecciones.
La próxima presidenta de México enfrentará el desafío de redefinir el papel del Ejército y de reestablecer la autoridad civil en áreas clave. La tarea no será solo revertir la expansión del papel militar, sino también restaurar la confianza en las instituciones civiles y asegurar que la lealtad del Ejército esté firmemente arraigada en la Constitución, no en la figura del presidente. Este cambio es crucial para preservar la democracia y el estado de derecho en México.
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