En su camino hacia concentrar el mayor poder en su persona, López Obrador ha atacado sistemáticamente a la prensa, a los organismos autónomos y ahora su siguiente blanco es la Corte. Usando como pretexto la supuesta consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, López Obrador pretende hacer creer a la ciudadanía que la Corte está en contra de la investigación, que esta busca proteger a los más malvados a pesar de las buenas intenciones del “Salvador de la Patria”. Sin embargo, López Obrador, al igual que Trump o Erdogan, miente muy seguido.
Desde el principio, López Obrador y su equipo han tenido clara la inconstitucionalidad de la propuesta de pregunta para llevar a cabo la investigación a expresidentes. Entonces ¿para qué hacerla? Sencillamente porque es claro que el Presidente no quiere investigar a los expresidentes pero no puede simplemente no hacerlo sin que eso afecte su popularidad, así que aprovecha el desconocimiento de los procesos constitucionales para hacer una pregunta que de antemano sabe que la Suprema Corte rechazará para escudarse en que no se lo permitieron.
Con ello gana por partida doble. Todo el aparato propagandístico del gobierno federal se activó con el objetivo de poner en la mira a la Corte y particularmente al Ministro responsable de elaborar el proyecto de sentencia. Tan simple como explicar que para la Corte no hay otra opción.
La pregunta es abiertamente anticonstitucional. Como ya se ha analizado en diversos textos publicados en días recientes, el artículo 35 señala que no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos.
Pero entonces ¿qué opción tenía -y aún tiene- el gobierno federal para poder investigar a los expresidentes? Simplemente usar las facultades que constitucionalmente tiene. Los expresidentes no gozan de ningún fuero que los proteja de ser investigados por los actos cometidos durante su mandato, por lo tanto, si el gobierno de López Obrador hubiera ido en serio desde el principio en el combate a la corrupción, habría comenzado a investigar desde el día que tomó protesta del cargo.
Las mentiras presidenciales debilitan las instituciones responsables de mantener el control del poder político, en este caso, buscan minar la credibilidad de la Corte y eso debe denunciarse. Es en este espacio donde se “entiende” la columna de John Ackerman en La Jornada del pasado lunes 28. Ackerman acusa al Ministro ponente Luis María Aguilar de “quedar bien con los antiguos amos del país” (sic) de buscar “con argumentos legaloides impedir la consulta a los mexicanos sobre el juicio a los expresidentes”.
En medio de una pandemia y una crisis económica sin precedentes, gastar recursos en una consulta cuyo resultado parecen conocer tan bien es ofensivo para la ciudadanía. El costo de una consulta así el INE lo calcula en 8,000 mil millones de pesos. Si lo que el Presidente y sus seguidores buscan es “legitimar” la investigación, podrían hacerlo a través de una encuesta nacional que le diera al Presidente una mejor percepción sobre lo que opina la gente sobre la investigación. Sin embargo, el resultado de esa encuesta es simplemente una opinión. La Fiscalía no puede hacer depender su facultad de investigación de presuntos delitos al arbitrio de las manos alzadas.
El propio Ackerman reconoce que la consulta no es necesaria para “activar los mecanismos de procuración de justicia”. Si en verdad la 4T buscara investigar en serio y sancionar la corrupción del pasado no necesitaría legitimación alguna. Una buena parte de los 30 millones de votos que recibieron en el 2018 se les otorgaron bajo la promesa de campaña de que así se haría. No hay, por lo tanto, justificación del Presidente para evadir su responsabilidad y lavarse las manos culpando a la Corte.
