“No confiamos en el recto proceder de la mayoría de los ministros […] que sólo se dedican a legalizar" los despojos que comete el fuerte frente al débil y a garantizar impunidad para delincuentes de cuello blanco” así se refería en 2006 López Obrador en el mensaje que dio durante su supuesta toma de posesión como Presidente legítimo. En 2014 los llamó “vulgares corruptos”, en 2015 “achichincles”. Durante la campaña electoral 2018, López Obrador los llamó “maiceados” y “alcahuetes”.
Si existiera, en el “Manual del Buen Autócrata” quedaría establecida como una de las primeras reglas, la destrucción de la independencia judicial. Los partidos oficialistas liderados por personajes sin vocación democrática debilitan a través de reformas legales y, si les alcanza, constitucionales, al poder judicial.
Siguiendo los pasos de otros autócratas populistas en el mundo como Evo Morales, Viktor Orban, Maduro o Erdogan, el Presidente de México emprendió una campaña en contra de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de destruir su autonomía y acabar con la independencia judicial pues ésta suele ser un dique contra de las políticas autoritarias.
Para 2009 Evo Morales había logrado “desactivar” al Tribunal Constitucional al forzar la salida de 4 de los cinco miembros. Entre acusaciones del gobierno y procedimientos de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, en mayo de 2009 el Presidente de la Corte Suprema era obligado a renunciar. Luego fue cuestión de tiempo. Morales cooptó el Tribunal y lo transformó en uno de representación. Sus integrantes, electos por voto popular, fallaron a favor de Morales en reiteradas ocasiones, permitiéndole reelegirse aún cuando, abiertamente, violaba la Constitución.
Para que una democracia funcione de manera correcta, es indispensable que no solamente cuente la voz de la mayoría. Es indispensable que las minorías parlamentarias también sean escuchadas y tomadas en consideración.
En diciembre de 1994 se aprobaba en México la reforma judicial más importante en la historia contemporánea. Reforma que introducía, por primera vez, la posibilidad de revisión constitucional a las acciones de la mayoría oficialista. Se daba un paso adelante en el reconocimiento de derechos para las minorías parlamentarias.
No, los Ministros no usurparon funciones legislativas. Ni siquiera los legisladores de oposición de izquierda del 94 pudieron insinuar tal cosa. En ninguna parte de los debates parlamentarioos llevados a cabo en aquellos años, se puso sobre la mesa ningún tipo de “violación a la división de poderes”. Ni siquiera los legisladores del PRD que, encabezados por Heberto Castillo, veían en la reforma enviada por Zedillo, una afrenta a las facultades legislativas. En aquel lejano 1994, un joven Ricardo Monreal, entonces Senador por el PRI, votaba a favor del dictamen.
En el Manual del buen autócrata se ataca a toda aquella institución u órgano que se interponga en sus intenciones de acumular el poder para hacer y deshacer sin frenos. Y para lograrlo, se ataca, cada día a jueces y ministros que son los que pueden poner freno.
Es en la tesitura del “buen autócrata” que se enmarca la reciente discusión que se ha tenido entre la Corte, el Presidente de México y el Senado. Al determinar la invalidez de la primera parte del Plan, la Suprema Corte puso un freno a la mayoría parlamentaria, a sus excesos y arrogancia propias de una época que en México ya vivimos.
Es en esa tesitura del buen autócrata que se enmarca la amenaza de llevar a juicio político a los Ministros que, manteniendo la congruencia de sus juicios y siguiendo sus propios precedentes, echaron abajo lo aprobado con documentado desaseo. Y también es en el manual del buen autócrata donde se fundamentan las afrentas de un presidente al que no le gusta la independencia judicial.
El Presidente de México anunció un Plan C, llevar a las urnas su plan sin tapujos para acabar con la independencia del Poder Judicial y destruir a la Suprema Corte. El Plan C es el reconocimiento de su propia incapacidad para llevar a cabo reformas legales aún teniendo la mayoría necesaria para llevarlas a cabo. Es la muestra perfecta de 4 años de ineptitud, de demostrar que el actual oficialismo no tiene idea de lo que hay que hacer, ni siquiera para hacer reformas legales. Pero el peligro sigue latente y el ataque recrudecerá. Nos toca defender a la Corte.
Hungría, Turquía, Venezuela y Bolivia son una muestra muy clara de lo que puede ocurrir a un país que permite que el líder autoritario y sus huestes oficialistas se apoderen del poder judicial.
