La educación universal, gratuita y de calidad es el camino para incrementar el ingreso de los hogares, la productividad de las personas y la calidad de vida de las familias cuando las niñas y niños en edad escolar se conviertan en adultos.
Según el Banco Mundial , los rendimientos de garantizar el acceso a la educación de las niñas, en países de desarrollo medio como México, son crecientes. Por cada año extra de educación primaria que recibe una niña por encima del promedio nacional, su ingreso futuro se incrementa hasta en 20%. Es como si los más de 27 millones de mujeres que actualmente viven por debajo de la línea de la pobreza en México tuvieran una oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus hogares.
Otro dato del Banco Mundial muestra que el beneficio de la educación no sólo es para las estudiantes, sino para la sociedad en su conjunto. Incrementar en 1% el número de mujeres adolescentes que completan la secundaria puede significar un aumento de hasta 0.3% en el ingreso per cápita del país. Es decir, la educación secundaria de un pequeño grupo incrementa la riqueza nacional.
Hasta aquí no hay debate: La educación de las niñas y adolescentes es una buena inversión para crecer a tasas más aceleradas. Pero no estamos actuando en consecuencia.
Veamos, la menstruación es una condición biológica que, en México, impide que una de cada diez niñas y adolescentes asista regularmente a la escuela, con lo cual se amplía permanentemente la brecha educativa de género, y que posteriormente se traduce inevitablemente en menores ingresos para las mujeres. En México, las mujeres de menores ingresos ganan hasta 30% menos que los hombres por realizar las mismas tareas.
Lo cierto es que en México las políticas públicas, incluyendo las de bienestar social, carecen de un enfoque de género. ¿Oferta gratuita de productos de higiene menstrual en comunidades indígenas, en las escuelas públicas de la periferia, en los centros de salud en zonas populares? Son programas que no existen o tienen un alcalce muy limitado, en parte, porque la menstruación es un tabú.
Como parte de la miscelánea fiscal para el próximo año, la semana pasada una mayoría legisladores desechó la iniciativa para gravar con tasa cero los productos de higiene menstrual en México, que hubiera abaratado estos productos y beneficiado a casi cuarenta millones de mujeres en el país, sobre todo a las de menores ingresos. Algunos economistas dirán que aplicar la tasa cero a los productos que consumen más los ricos resulta contraproducente porque se pierde la oportunidad de recaudar dinero para proveer con bienes y servicios a la población más pobre.
Sin embargo, en la práctica, incrementar la recaudación por la vía del IVA a productos de primera necesidad -como los productos de higiene menstrual- no es garantía de mayores beneficios sociales, dado que no se ofrecen productos de higiene baratos ni se garantiza su acceso de manera gratuita. Es decir, las políticas públicas y programas sociales en México carecen de un enfoque de género realista. Por ejemplo, la medición de la pobreza por ingresos que elabora Coneval sólo incorpora un gasto mensual de entre 8 y 12 pesos en el rubro de toallas sanitarias , cuando en el mercado un paquete de tampones o toallas sanitarias (suficiente apenas para un periodo menstrual) no cuesta menos de 30 pesos al menudeo. Es decir, la pobreza menstrual está subestimada, al igual que sus consecuencias.
La tramposa pero atractiva idea de que la tasa cero en los productos de higiene menstrual, por sí misma, beneficia (o perjudica) a las empresas que los producen, acabó por minar la iniciativa que buscaba abaratarlos. El gobierno le mandó decir a los legisladores que, de aprobarse, la tasa cero en productos de higiene representaría mayores ganancias para las empresas productoras y no resolvería el problema de fondo. En sentido inverso, los empresarios argumentan que con tasa cero enfrentan una carga contable adicional.
La realidad es que, con un diseño adecuado, una canasta de bienes con tasa cero podría tener beneficios sociales importantes, haciendo los productos de primera necesidad más accesibles. Las empresas, por su parte, no tendrían margen para evadir impuestos ni para subir sus precios si existiera una adecuada supervisión de la autoridad.
Como estaba planteada, la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico prometía beneficios sociales sustantivos. Los 3,400 millones MXP que no se iban a recaudar en el primer año equivalían apenas al 0.1% del gasto en desarrollo social programado para 2021; a cambio, probablemente más niñas se habrían mantenido en la escuela por más tiempo.
La pobreza menstrual no es un concepto novedoso ni local. Según la iniciativa presentada en el Congreso “por lo menos 21 países han reconocido el impacto negativo de gravar los productos de gestión menstrual”. Una vez más, nos rezagamos en los temas que importan. Recuerden, la educación de las niñas y adolescentes es la mejor inversión en el futuro, pero la falta de acciones merma el desarrollo paritario.
Con datos del INEGI, del ILSB, del Banco Mundial y de la Cámara de Diputados.
Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? @Sofia_RamirezA Ilustración: Dante de la Vega
