El traspaso de infraestructura civil a mando militar es una mecánica atractiva para el gobierno por dos razones: la milicia mantiene altos niveles de aprobación y confianza entre la ciudadanía; y una vez que una obra pública está en manos militares en fácil clasificarla como de seguridad nacional y nadie puede ver en qué se gasta la lana.
(DOF noviembre 2021), designa como interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura pública; otorga autorización provisional en 5 días para permisos o licencias y si no se les concede, se les garantiza por afirmativa ficta. Si bien la Corte admitió una controversia del INAI y otorgó una suspensión para impedir que el gobierno reserve información de manera generalizada, el acuerdo todavía sirve para otorgar permisos fast track… y en los hechos, para eludir la transparencia.
Hace unos días, el Tren Maya obtuvo la categoría de obra de seguridad nacional , lo cual fue viable por un procedimiento del Consejo de Seguridad Nacional, pero también por porque el Tren Maya, al igual que cuatro aeropuertos -AIFA, Tulum, Chetumal y Palenque- pasaron recientemente a ser parte del Grupo empresarial que los controla bajo coordinación militar.
En una investigación conjuntamente articulada , México, ¿cómo vamos? -un observatorio económico-, El Universal y Dromómanos, estimaron el valor de la inversión realizada con recursos públicos, que hasta hace poco estaba bajo coordinación civil y ahora está bajo la militar.
¿Pero si los militares son más eficaces que los civiles, cuál es el problema? Son menos corruptos, según la percepción popular, son más eficientes y entregan resultados. Sí, pero el riesgo de incrementar la opacidad es la corrupción, el desvío de recursos públicos, la gestión autoritaria.
El monto de la inversión es grande -305,677 MDP-, pero no tanto como perder la capacidad para revisar la ejecución del gasto. Es decir, el menor de los problemas es la estimación del costo de la infraestructura -que se hizo sobre la base de muchos supuestos dada la falta de transparencia en lo que debiera ser información pública-; el verdadero problema es que cuando la gestión pública se vuelve opaca, cualquier desvío puede ocurrir bajo la denominación de obra de seguridad nacional.
Hasta donde me quedé, somos un pueblo que elige democráticamente a sus gobiernos, que defiende a sus instituciones electorales, su derecho a saber, a no olvidar los atropellos del pasado . ¿Qué nos hace pensar que la mayor participación de la milicia en la vida pública no es un retroceso democrático? Acá comparto cinco razones por las cuales debiéramos estar preocupados.
1. Debió licitarse.
Por el tamaño de las obras y el monto de la inversión pública, hecha con dinero de todos, debieron haberse licitado. La ley marca que las licitaciones son el procedimiento que debe utilizarse de manera prioritaria en todos los procesos de compra y adquisición de bienes, materiales, mercancías y servicios, con excepciones, no al revés. La suma de casi 306 mil MDP, que es valor de los proyectos bajo coordinación del Grupo empresarial militar, está casi 300 veces por encima de los umbrales que la propia ley prevé para hacer excepciones, como no tener la presencia de un testigo social que garantice que el procedimiento de compra sea transparente.
2. Se pierde el efecto multiplicador de la inversión pública.
Toda inversión útil tiene un retorno. Conocer los pormenores es útil porque permite saber qué tan atinado fue destinar dinero a ese proyecto y no a otros. 307 mil MDP alcanzan para financiar más de 30 años un programa de escuela de tiempo completo en 25 mil escuelas del país , brindando comida y atención para niñas y niñas de primaria. Además, toda buena inversión tiene un efecto multiplicador que permite generar mayor crecimiento, lo cual se puede verificar cuando hay información disponible. No cuando las obras que se catalogan como seguridad nacional.
3. A las MiPyMEs las mantenemos abandonadas.
El dinero público debe priorizar el desarrollo generalizado, atender a las mayorías menos aventajadas. La ley así lo dice: se priorizan las compras públicas a pequeñas y medianas empresas, a las empresas con paridad de género y que emplean a personas con discapacidad. Al reservarlo bajo el manto de la seguridad nacional, no sabemos a quién se contrata, por qué procedimiento y para qué fines, descobijando al 99.8% de las empresas, que son MiPyMEs y que no serán beneficiadas por los contratos.
4. No puedes clasificar los tornillos y pernos bajo criterios de seguridad nacional.
Incluso si los proyectos son coordinados por militares, es ilegal clasificar una obra entera. Los criterios de ley son específicos : deben existir una amenaza a la seguridad nacional; y se tiene que acreditar que existe un daño si no se clasifican. Pero desclasificar un proyecto es complejo, lento y oneroso, y la probabilidad de éxito es proporcional a los recursos que se destinen a ello.
5. Estamos violando incluso el TMEC.
México asumió compromisos de prevención y atención de la corrupción en tratados comerciales como el TMEC. Estos acuerdos comprometen al gobierno, quien debe apegarse a los más altos estándares de transparencia y deben ser consistentes con los compromisos de compra y obra pública. La clasificación de proyectos enteros bajo criterios de seguridad nacional contraviene dichas obligaciones.
Hoy en día nuestra Constitución dice que se garantiza que la información en posesión de los sujetos obligados (el gobierno y la Sedena, en este caso) será pública, completa y oportuna, y accesible. Una vez más el marco normativo queda como mera sugerencia, en detrimento del pueblo.
