El proceso de elección judicial ha permitido conocer la posición sobre los derechos humanos de las personas aspirantes a un cargo. En este contexto, resulta preocupante ver cómo prevalece una narrativa entre un sector de la abogacía que considera al debido proceso un obstáculo para la justicia y lo responsabiliza de la impunidad en México.
Con un desconocimiento histórico de la realidad de país, diversas voces –incluso entre quienes aspiran a ocupar un lugar en el Máximo Tribunal–, reducen el debido proceso a un “tecnicismo” que permite la liberación de “delincuentes”, como resultado de un hipergarantismo penal que debe ser acotado. Con ello, se insiste en responsabilizar indebidamente al Poder Judicial sobre la crisis del sistema de justicia.
El debido proceso es un conjunto de medidas que protegen a las personas acusadas y a las víctimas, evitando la actuación arbitraria de las autoridades. En contra de la percepción alentada por algunas voces públicas, esta figura no es una puerta giratoria de las prisiones, ni una fórmula que permita liberar a “delincuentes” automáticamente.
Históricamente México ha sido un país en el que la detención arbitraria, el uso de la tortura y la fabricación de delitos es una constante. De estas problemáticas han dado cuenta organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator de Tortura de la ONU.
Ello es consecuencia del funcionamiento de las policías que se conformaron como instituciones de control y represión social, sin desarrollar capacidades técnicas para esclarecer delitos. Por su parte, las Fiscalías se han convertido en espacios en los que los incentivos económicos, la corrupción y el cubrir la estadística han generado una maquinaria que posibilita llevar a prisión a inocentes y no la investigación objetiva y diligente. Además, la prisión preventiva oficiosa como figura constitucional que permite el encarcelamiento automático y la presentación de culpabilidad ante la opinión pública han sido efectivas para recluir por razones políticas, criminalizar la pobreza, a las juventudes o para dar una apariencia de eficiencia institucional ante la sociedad.
El debido proceso evita las detenciones arbitrarias, validar versiones falsas sobre las circunstancias o lugares de arresto, la fabricación de pruebas, el uso de la tortura o la coacción a víctimas para señalar a personas inocentes. Para quienes tienen contacto con el sistema penal son conocidas las historias de personas detenidas por sospecha o a quienes les fue “sembrada” droga o algún arma, para después ser acusadas de delitos de alto impacto. El debido proceso y las instancias judiciales que lo aseguran no crean las injusticias, por el contrario, ayudan a evitar su consumación.
Quienes desempeñan cargos en las instituciones de investigación, de impartición de justicia, en los servicios periciales, la atención a víctimas, la ejecución de sanciones y la seguridad pública, deben hacer un balance crítico de los abusos del sistema y de sus áreas de mejora. Quienes aspiran a un cargo judicial, incluyendo la justicia constitucional, deben reconocer la importancia del debido proceso para evitar arbitrariedades al amparo del poder público, antes que buscar debilitar un principio invaluable en un Estado democrático y de derecho. Su defensa evita una doble injusticia: la de personas inocentes en prisión y la de víctimas sin verdad ni reparación.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
@hele_simon
