La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva oficiosa. En medio del contexto político y jurídico resultado de las reformas constitucionales de 2024, una que amplío esta figura y otra que limita el control de convencionalidad, enfrentará la responsabilidad de cumplir la resolución que condena a México porque la Constitución viola derechos fundamentales. De esta forma, la Suprema Corte tendrá la discusión más relevante de la última década.
La disyuntiva para el Máximo Tribunal es clara: la defensa de los derechos humanos y superar su criterio de jerarquía de las restricciones contenidas en la Constitución sobre los tratados y las sentencias internacionales; o sumarse al desacato de prácticamente la totalidad del Estado mexicano, que a través de diversas autoridades han desconocido la resolución, legislando en contra del fallo de la Corte Interamericana, colocando a México en una condición de responsabilidad internacional agravada. Lejos de reconocer que la sentencia es vinculante, se afirma que es una injerencia internacional, aun cuando México aceptó, justamente por decisión soberana, la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Han pasado dos años de la notificación de la resolución del caso García Rodríguez vs México que ordenó reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática. Sin embargo, a través del Plan C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión ampliaron la prisión preventiva oficiosa y también eliminaron la revisión judicial de reformas constitucionales. De esta forma, la 4T constitucionalizó el desacato a la Corte Interamericana, abrió la puerta a incorporar a la Constitución medidas violatorias de derechos y limitó la posibilidad de su control judicial.
Por su parte, la totalidad de los gobernadores de las entidades federativas afiliados en la CONAGO y las Fiscalías del país encabezadas por la FGR, además de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Ciudadana, Defensa y Marina; se han sumado para presionar a la Suprema Corte para que incumpla la sentencia internacional. Incluso, bajo un criterio político, la CNDH optó por defender y justificar esta medida cuando años atrás la había criticado consistentemente.
Desde la administración de Felipe Calderón hasta el tiempo actual de la Cuarta Transformación, se insiste en defender a la militarización y a la prisión preventiva oficiosa como fundamentos de la política de seguridad. Frente a instancias como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana, las autoridades justifican una figura que permite detener por meses o años a personas inocentes, sin que las fiscalías tengan que justificar la necesidad de este encarcelamiento.
El debate y uso de la prisión preventiva ha descansado en una política punitiva que busca atajar la crisis de violencia e inseguridad desde la apariencia, pero no con acciones eficaces y coordinadas desde el sistema nacional de seguridad, las instancias de procuración de justicia, una reconversión en la investigación del delito, basada en evidencia. Por años se ha utilizado la prisión automática sin un diagnóstico de sus impactos y efectividad.
Esta figura ha generado una economía de extorsión para policías y fiscales, encubriendo su incapacidad para procesar delitos. Los actores políticos presentan la cantidad de personas en prisión sin sentencia como éxito de las políticas combate al delito. Incluso, la 4T ha defendido orgánicamente la figura para equiparar a la oposición partidista, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, reduciendo la crítica a esta figura como oposición al régimen.
La justicia constitucional está en un proceso de renovación y la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite advertir su apoyo al oficialismo y no necesariamente la defensa de la Constitución. La Consejería Jurídica de la Presidencia ha solicitado que sea la nueva integración la que decida el tema. La Corte tiene la última llamada para cerrar su ciclo con una resolución que coloque los derechos fundamentales en el centro de la actuación del Estado, valore la importancia de las sentencias internacionales y limite las decisiones políticas que son contrarias a la Constitución.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
@hele_simon
