Según Naciones Unidas “la impunidad en México es un rasgo estructural”. Así lo ha señalado el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Datos del INEGI demuestran que cerca del 95% de los delitos que se cometen en el país no son denunciados y de aquellos que ingresan al sistema, menos del 1% culminará con una sentencia y la reparación del daño. Esta situación es multicausal, pero tiene como principal actor responsable a las fiscalías de las entidades federativas y a la FGR.
Que la delincuencia ordinaria y organizada no enfrenten consecuencias en 99% de los crímenes es responsabilidad del sistema de procuración de justicia. Hay deficiencias desde que se elabora un informe policial hasta que un caso es llevado a juicio con huecos en la investigación, sin soporte pericial y capacidad técnica de litigio. Cuando una persona acude a denunciar enfrentará a funcionarios que piden requisitos excesivos, prolongan los tiempos de atención o canalizan a otras instancias para que los casos no ingresen al sistema, consiguiendo una estadística artificial que aparenta menor incidencia delictiva.
Por décadas las fiscalías usaron la fe pública para hacer verdad probatoria todo lo que se registrara por escrito en las averiguaciones previas. Cuando el sistema cambió a un modelo que requiere una teoría del caso y una actividad probatoria exigente, mostraron la carencia de capacidades institucionales. Esto se profundiza con la ausencia de servicios periciales independientes, una política de priorización de casos, planes de persecución o uso de prueba científica, entre otras condiciones necesarias para operar de forma óptima. Actualmente, si se detiene en flagrancia, el policía que realiza la detención puede ser distinto al que firma el informe y a un tercero que acuda a la audiencia porque usaron su nombre. Claramente, esto no es responsabilidad del poder judicial.
En febrero de 2024, en el marco de la presentación del Plan C el entonces presidente López Obrador responsabilizó al Poder Judicial de la Federación de la impunidad generalizada, así como de prácticas de nepotismo, privilegios e inoperancia. A una semana de la elección judicial, la impunidad difícilmente se modificará con la nueva conformación de jueces y sin reconocer con evidencia, que su origen radica en las fiscalías.
La autonomía tampoco eliminó los rasgos represivos que permitieron a las fiscalías ser el instrumento de control social en el régimen de partido de Estado del siglo XX. Siendo eficiencia para perseguir a opositores, sindicalistas, líderes sociales, estudiantes. Por ello, la práctica de la tortura se desarrolló como una técnica especializada que fue parte de un acervo de conocimiento autoritario de policías y agentes ministeriales. En esa dinámica de funcionamiento, la detención arbitraria y la fe pública se emplearon para cubrir la estadística, resolver casos sin contar con pruebas y condenar a personas inocentes.
Esta cultura institucional autoritaria se mantiene hasta nuestros días. Casos como los encarcelamientos de Alejandra Cuevas con motivo de una venganza familiar, del activista indígena Pablo López Alavez o la detención por 19 años de Israel Vallarta, a pesar del reconocimiento del fiscal Gertz Manero de que el caso fue un montaje, evidencian la actuación selectiva del aparato de procuración de justicia, que contrasta con su incapacidad para esclarecer miles de casos de desaparición, tortura o feminicidio.
Por ello, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia –que agrupa a la totalidad las fiscalías del país– se aferra a preservar una de las herramientas más autoritarias que existen: la prisión preventiva oficiosa que permite usar el catálogo de delitos establecidos en la Constitución para que, de manera automática, las personas permanezcan detenidas durante la investigación y el juicio. La 4T que emprendió la reforma judicial supuestamente para enfrentar la impunidad, no se atreve a tocar a las fiscalías. Por el contrario, decidió aumentar su margen de actuación arbitrario al ampliar, en contra de la sentencia de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa.
La disyuntiva es revertir la impunidad o preservar a fiscalías que funcionan para abusar del poder. Construir una autonomía real y no en el papel, con fiscalías independientes, así como procesos de refundación de sus estructuras, renovación del personal y la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, antes que restablecer su control por los poderes ejecutivos.
@hele_simon
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
