Si la congruencia radica en empatar lo que se hace y lo que se dice, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum comienza a expresar una evidente incongruencia política para manejar la crisis de desaparición de personas. Al tiempo en que la presidenta Sheinbaum asume como prioridad nacional el tema de desaparición y la SEGOB tiene puentes con las familias y colectivos, se construye una narrativa que niega la responsabilidad del Estado y la crisis de derechos humanos. El negacionismo va más allá: insiste en reducir a intereses oscuros los signos de preocupación que vienen del ámbito internacional o las exigencias de madres y padres buscadores.
Hace una década, el gobierno de Enrique Peña descalificó al Relator de Tortura, Juan Méndez, por afirmar que en México se torturaba de manera generalizada. La reacción gubernamental pasó por cuestionar el informe, pero también desacreditar al mensajero. Con una narrativa similar, la 4T se dedica a negar la realidad, a centrar el debate en el uso de conceptos y a apelar a un victimismo que mira en todo cuestionamiento a fuerzas conspirativas contra su proyecto político.
Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de actuar de manera facciosa y sin ningún elemento objetivo al iniciar un proceso para solicitar información al Estado y valorar si las desapariciones se realizan de manera generalizada o sistemática, y de ser el caso, presentar la situación a la Asamblea General de la ONU.
La tarde de ayer el Senado de la República votó un pronunciamiento para exigir a Naciones Unidas sancionar al presidente del Comité, Olivier de Frouville. El pronunciamiento destaca por adjetivos como irresponsable, temerario, frívolo, infame, oprobioso, falsedad, entre otros, que lejos del tono republicano y diplomático, se asemejan al lenguaje partidista acostumbrado a la descalificación personal y a confrontar a la oposición política.
La realidad es que México es un país con más de 110 mil personas desaparecidas, con una cifra que supera incluso, a países con conflictos armados. La falta de información fiable, registros e impunidad prevaleciente es algo que el Comité ha señalado en 2015, en 2019 y en 2022, como una condición valorada con seriedad y al margen del partido que encabezara el gobierno. Lo mismo sucede con la polémica sobre Teuchitlán en la que la 4T insistió en debatir que no se trataba de un campo de exterminio, sino de reclutamiento, cuando ambas situaciones son delicadas y graves frente a la innegable crisis de seguridad y violencia.
El gobierno de México pretende cerrar los ojos a la responsabilidad internacional que surge por no garantizar condiciones de seguridad. En el ámbito del Derecho Internacional la responsabilidad surge por la acción, pero incluso si el Estado no practicara la desaparición como afirmó ayer Claudia Sheinbaum, eso no releva al gobierno de su deber de proteger a la población, garantizar la seguridad pública, atender la crisis forense, facilitar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.
El deslinde de la 4T sobre la crisis de desaparición al reducir las críticas a acciones de la oposición y los medios, como en su momento expresó el presidente López Obrador para descalificar a madres buscadoras, no se distingue, ni en la forma ni en la sustancia, de la retórica priísta. Aquella que veía, según Diaz Ordaz, una conjura internacional contra México. La del presidente Luis Echeverria, quien encontraba en los jóvenes a “grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros”. A la de Miguel de la Madrid y sus deslindes al afirmar “soy responsable del timón, pero no de la tormenta”. Tampoco al “y yo por qué”, de Vicente Fox.
Si la 4T se asume como una expresión política distinta, deberá mostrarlo en el discurso, pero también en la sustancia. El estado mexicano se encuentra frente a una oportunidad de ser receptivo a la cooperación y asistencia técnica internacional, pero también a dejar de ver en las víctimas, a la oposición política. Esto supone sí, una elevada responsabilidad de Estado que el tiempo dirá si este gobierno supo asumir.
* Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
