El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW por sus siglas en inglés) ha publicado su informe de evaluación periódica sobre los avances del Estado mexicano en garantizar a las mujeres en el país los derechos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los informes de los Comités de las Naciones Unidas son evaluaciones que se realizan para verificar que los Estados cumplen las obligaciones que adquieren al ratificar un tratado.
Aunque el gobierno ha presentado como logros “la elección de la primera mujer Presidenta de este país, la creación de la Secretaría de las Mujeres y las reformas constitucionales sobre igualdad de género”; el panorama es contrastante, con problemáticas de larga data y desafíos que se han agravado en años recientes. Organizaciones de la sociedad civil sostienen que México reprobó la evaluación, confrontando con evidencia la afirmación de la presidenta Sheinbaum de encabezar un gobierno feminista con enfoque social. Sin embargo, a pesar de la inversión en políticas sociales del gobierno federal, de acuerdo con la ONU los patrones de violencia y discriminación continúan afectando a las mujeres más vulnerables: las indígenas, afromexicanas, las migrantes y las mujeres con discapacidad.
El Comité CEDAW señala su preocupación por el clima general de violencia. Destaca los problemas asociados a la política de seguridad, la cual ha sido militarizada desde hace dos décadas. Este proceso se profundizó por la 4T quien convirtió a la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente con formación y mando militar y la trasferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional de funciones que deberían ser del orden civil. Para el Comité resulta necesario convocar a un plan de acción con amplia participación de las mujeres que sufren desigualdad y violencia, fortaleciendo los esfuerzos para una política integral de paz.
Adicionalmente, el informe registra el aumento de la violencia doméstica, la tortura sexual –por la cual el Estado ya fue condenado por la Corte Interamericana en el Caso de la Mujeres de Atenco–, y la prevalencia de los feminicidios. El Comité señala la persistencia del fenómeno de desaparición de mujeres, muchas de ellas jóvenes. Resulta cuestionable que, tras más de 15 años de la sentencia del Caso Campo Algodonero, las fiscalías sigan condicionando las denuncias a que trascurran 72 horas. Por ello, el Comité CEDAW llama a las autoridades a garantizar el funcionamiento del sistema nacional y los sistemas estatales de búsqueda, incluyendo el funcionamiento coordinado de la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, para la búsqueda diligente de las mujeres y niñas desaparecidas.
Otro punto de preocupación es el aumento de agresiones las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos, lo que incluye ataques desde plataformas digitales para incitar a la violencia. Desde el gobierno del presidente López Obrador, la conferencia mañanera funcionó como un espacio de señalamiento y descalificación, justificado en un pretendido derecho de réplica que ha fomentado indirectamente este tipo de campañas.
Finalmente, resultó desafortunado que en Ginebra la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, haya defendido la prisión preventiva oficiosa para no liberar a “presuntos feminicidas”. Un gobierno congruente con el discurso feminista debería dar pasos firmes para desmilitarizar la seguridad pública y eliminar la prisión preventiva oficiosa, ya que ambas apuestas del Estado han resultado en más violencia, tortura y prisión para las mujeres en México.
* Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
