En 2019 celebramos un importante aniversario de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 1929. Esta ley abrió la puerta a la autonomía de la Universidad. La hemos conservado, contra viento y marea. En 2019 festejamos con entusiasmo, pero también con cautela. Dijimos, conscientes del momento y la circunstancia, que las victorias que proclamamos pueden convertirse en derrotas, si no cuidamos con esmero y energía el espacio conquistado. La selva puede recuperar en un santiamén sus antiguos territorios.
Esto pretende cierta iniciativa de reforma presentada ante la Cámara de Diputados , con gran desenfado y flagrante ignorancia. Ignorancia (¿o no? ¿tal vez plena conciencia? ¿calculada intención?) de lo que la propuesta de marras puede implicar para la vida de la Universidad Nacional y, por este medio, para la vida de México. No es posible guardar silencio ante la temeraria iniciativa. En consecuencia, hablemos. Hagámoslo en alta voz. Se trata de defender a la Universidad de la Nación frente a la enésima arremetida que se le dirige.
Me explicaré. La autonomía universitaria , iniciada en 1929, culminó en la Ley Orgánica de 1945, que se mantiene en vigor. Esta ley no ha sido reformada, a diferencia de otras, frenéticamente modificadas o sustituidas. Se mantiene intacta, pese a los infortunios que ha enfrentado la Universidad a lo largo de setenta y cinco años. Nuestra ley no ha variado porque los universitarios han opuesto una voluntad lúcida y rotunda a diversos amagos de reforma, que no han cesado y probablemente no cesarán. La Ley de 1945 conserva su vitalidad porque ha funcionado bien. Esto no significa que se haya “petrificado” la normativa de nuestra casa de estudios. Se mantiene al día, merced a la actividad constante del Consejo Universitario, que actualiza las disposiciones que rigen la vida institucional.
La ley de 1945 se fraguó en medio de otra turbulencia que mantuvo en vilo a la Universidad. En esos días, el sabio rector Alfonso Caso, acompañado de juristas eminentes, pero sobre todo de universitarios animosos y esforzados, sugirió un novedoso método de elección de las más altas autoridades universitarias. Ese método estableció un procedimiento electoral consecuente con la naturaleza, las necesidades y las expectativas de la Universidad de la Nación.
Fue así que se creó la Junta de Gobierno, dotada con atribuciones para elegir al Rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos. Los integrantes de esa Junta son designados por el Consejo Universitario, cuyos miembros son electos directamente, a su vez, por estudiantes, profesores, investigadores y otros miembros de la comunidad universitaria.
En momentos de grave quebranto, crisis profunda de la vida universitaria, la Junta de Gobierno ha permanecido en pie, como garantía de la integridad de nuestra máxima casa de estudios. Esa integridad, cuyo cimiento es la autonomía, constituye una doble garantía. Por una parte, garantiza a la sociedad que puede contar con una Universidad donde prevalecen el trabajo y la libertad. Por la otra, garantiza a los jóvenes mexicanos un medio de desarrollo y progreso. Por ello el pueblo se ha identificado con la Universidad Nacional y ésta, a su turno, con el pueblo de México.
La intempestiva propuesta presentada a la Cámara de Diputados pretende sustituir el modelo actual por un asambleísmo que expondría a la Universidad a toda suerte de intromisiones. Éstas quebrantarían la autonomía universitaria y afectarían el enorme esfuerzo de la institución por dotar a los jóvenes mexicanos —y a la nación en general— de un instrumento competente para asegurar su desarrollo al margen de las contiendas partidistas y los asedios del poder público. No sería la primera vez —y no será la última— en que bajo la aparente bandera de la democracia se intenta dar marcha atrás al progreso y a la libertad. La demagogia, que acecha en todos los rincones y se mantiene en vigilia, sustituiría a la razón.
Llaman la atención los constantes embates que sufre la educación pública superior, y con ella el desarrollo de la nación. Quienes atacan la autonomía de la Universidad parecen seguir un deliberado itinerario de demolición. Pretenden destruir la obra educativa de muchas generaciones. Esa obra, que ha costado “lágrimas, sudor y sangre”, se vería sustituida por la irresponsable improvisación y la degradación flagrante de la educación superior. Hace unos días me pregunté en este mismo espacio periodístico por la “mano negra” que se abate sobre la Universidad: Tomé la expresión de una frase del presidente de la República. Recurro a esa misma frase para preguntar ahora por la “mano que mece la cuna” de las arremetidas contra la Universidad.
Afortunadamente el rector de la UNAM ha reaccionado con presteza, inteligencia y firmeza frente a la propuesta demoledora. A esa reacción debe sumarse la comunidad universitaria —y más todavía: la sociedad en pleno— para reclamar el respeto a la autonomía y rechazar las nuevas embestidas que la ponen en peligro. En este caso, como en tantos otros, el silencio cobraría un alto precio. ¿Lo pagará el pueblo de México?
Profesor emérito de la UNAM
