En estas páginas me he ocupado del Estado de Derecho. No me refiero a este tema por deformación profesional. Lo hago por preocupación ciudadana. Enorme preocupación, que comparto con millones de compatriotas que padecen —unos con plena conciencia, otros sin ella— la sistemática demolición del Estado de Derecho —es decir, de la situación que guardan nuestros derechos— a manos del caudillo imperante.
El Estado de Derecho y los derechos que entraña son nuestra garantía. Dentro de ese concepto, que el actual gobierno combate con furia, se halla la división de poderes. Y ésta tiene en su haber lo que denominamos sistema de frenos y contrapesos: que un poder —racional y eficaz— detenga a los restantes si pretenden desbordar sus fronteras y lesionar los derechos de los ciudadanos.
Sabemos que el “poder más poderoso” en muchos países es el Ejecutivo; en otros, el Legislativo. En todo caso, conviene que el Judicial vigile la conducta de aquéllos y contenga las pretensiones que desborden la Constitución. El Poder Judicial ha ejercido este control y con ello ha despertado la ira del caudillo que pretende tener en sus manos todas las potestades y definir a discreción el rumbo y el destino de México.
En esta etapa de la vida nacional han surgido otros órganos de control del poder. Son frenos y contrapesos que operan en áreas específicas de gran importancia para la nación. Me refiero a los órganos constitucionales autónomos, que tienen su sede en el texto mismo de la Constitución. Ya he aludido a algunos órganos de esta naturaleza, también sujetos al asedio del Ejecutivo, como ha ocurrido con el Instituto Nacional Electoral, de cuya buena marcha depende, en gran medida, el desempeño de nuestra democracia.
Pero hay que destacar igualmente los problemas que enfrentan otros órganos autónomos, no menos importantes para contener tentaciones dictatoriales y mantener a salvo los derechos de los mexicanos. Uno de éstos, sometido a tensiones inadmisibles y devastadoras, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyas operaciones se han mellado a capricho del Ejecutivo, que para ello ejerce un rígido mandato sobre una porción del Legislativo, ambos coludidos con las tinieblas.
El Ejecutivo y un sector del Legislativo, en oscura complicidad y enemistados con el derecho y la libertad, han impuesto al INAI una suspensión de facto que lesiona el acceso a la verdad y pone en riesgo —muy grave— el desempeño de la democracia en nuestro país. En la trinchera del INAI libra una ejemplar batalla su presidenta, Blanca Lilia Ibarra (a la que han precedido en este cargo otras mujeres admirables), acompañada por comisionados y funcionarios leales a su misión y a su función.
Ha dicho Norberto Bobbio que el Estado de Derecho surge propiamente cuando cesa el imperio de las sombras en el ejercicio de las funciones del Estado y éstas se abren al conocimiento, la deliberación y la crítica de los ciudadanos. Es decir, cuando brilla la verdad y se eliminan las tinieblas. El caudillo y sus adictos bloquean las tareas del Instituto Nacional de Acceso a la Información al impedir la plena integración del Consejo de este Instituto. Han resuelto cubrir de oscuridad la gestión pública y sustraer del conocimiento de los mexicanos numerosas decisiones de órganos del Estado. A esto se ha llamado, en las filas del autoritarismo, el “mejor mundo posible”. ¡Vaya concepto dictatorial acerca de la libertad, la democracia y los derechos de los ciudadanos!
