Esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones en materia fiscal para el ejercicio 2022. Sin mayor discusión, los diputados avalaron la propuesta enviada por el Ejecutivo, y la turnaron al pleno, donde la mayoría compuesta por Morena , PT y Verde, también la aprobó.
Una de esas reformas compromete terriblemente la operación de muchas asociaciones civiles, ya que el Ejecutivo propuso que el porcentaje deducible en donativos individuales a donatarias autorizadas, que hoy es de 7%, se integraría al límite fiscal del 15% total de deducciones para personas físicas.
Dicho de otra forma, actualmente una persona física puede realizar sus deducciones personales de la siguiente forma: un 7% en donativos para organizaciones sin fines de lucro, un 10% en aportaciones complementarias de retiro y un 15% en gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios.
Lo que se aprobó es que, a partir de enero, las personas físicas sólo pueden deducir un 15% del total de sus ingresos, poniendo los donativos, las aportaciones y los gastos médicos, funerarios e intereses hipotecarios en una misma bolsa.
¿Cuál es la consecuencia de esta propuesta? Inhibir a las personas físicas a continuar donando para que miles de asociaciones civiles puedan seguir trabajando a favor de las poblaciones más vulnerables de este país: niñas y niños, personas con discapacidad, mujeres privadas de la libertad, poblaciones indígenas desplazadas…
Como activista y fundadora de una asociación civil lo digo con toda transparencia: no hay nada más importante para las ONG que los donativos, tanto de personas físicas como de personas morales, pues es lo que nos permite estar a flote, contratar a nuestro personal, pagar nóminas, llevar nuestra labor a los espacios más olvidados, más oscuros; esos espacios que desde hace años han sido abandonados por autoridades de distintos niveles de gobierno.
En 2013, cuando mi socia y yo aún trabajábamos en la esfera del sector público, visitamos varias cárceles del país. En una ocasión, fuimos un miércoles y vimos a decenas de niños al interior del centro penitenciario. Le pregunté a la directora del reclusorio: “¿por qué hay tantos niños si los miércoles no se permiten visitas?”, la directora contestó: “Estos niños no son visitas, viven aquí con sus madres, viven en la cárcel”.
Esas niñas y niños eran invisibles para el Estado, no contaban con papeles, no formaban parte de algún programa de apoyo al desarrollo de la primera infancia, no tenían acceso a programas educativos, no recibían atención médica especializada. Es más, la alimentación no era la adecuada para su edad. No se destinaba, de hecho, un solo peso de recursos públicos para la comida de los pequeños.
Fue en ese momento en que Reinserta , como iniciativa de la Sociedad Civil Organizada , puso manos a la obra y comenzamos a crear programas de atención para estas niñas y niños, decidimos revisar la legislación vigente y proponer un apartado de maternidad en la Ley Nacional de Ejecución Penal para visibilizar a esta población y obligar a las autoridades a velar por el interés superior del menor.
Señor Presidente, con el respeto que usted merece es momento de decirle: ¡pongamos todas las cartas sobre la mesa!, la reforma en cuestión va en contra de un principio de su gobierno “prohibido prohibir”. Esta reforma prohíbe de una forma sutil el apoyo a la labor de las asociaciones civiles.
Seamos claros, el gobierno nunca ha podido, no puede y no podrá atender a toda la población mexicana, aunque logre récords históricos en su recaudación. Y eso sucede en nuestro país y en cualquier otro del mundo. Sociedad y gobierno se necesitan. Nos necesitamos. La Cuarta Transformación se propone construir un país más incluyente, un México más justo y horizontal, uno en el que nadie se quede atrás. Esa intención la aplaudimos. Si la Cuarta Transformación sigue significando esto, entonces necesita de la labor de las asociaciones civiles para crear estas condiciones. Somos aliados, no adversarios.
Señor Presidente, ¡sí con la Sociedad Civil!
