Entro a la prisión donde Dulce lleva más de doce años encerrada. Me recibe con una sonrisa cálida que no logra ocultar el dolor que carga. Fue condenada a 70 años de prisión por un crimen que no cometió y hoy la SCJN no le otorgó la libertad. Su historia es un reflejo de lo que ocurre cuando el sistema de justicia falla, castiga sin pruebas y revictimiza.
Dulce era policía federal y se encontraba cumpliendo con su trabajo cuando fue acusada de participar en dos secuestros exprés. Fue detenida, torturada y perdió a las gemelas que esperaba. El Protocolo de Estambul confirmó la tortura. Había pruebas claras de su inocencia: registros oficiales demostraban que el día del primer delito señalado ella se encontraba comisionada en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en un estado completamente distinto al lugar de los hechos.
En el segundo caso, documentos y testigos certifican que estaba en un edificio federal realizando trámites laborales. Aun así, fue sentenciada. La injusticia es brutal. La organización Reinserta junto con su abogada, Jessica Vallarino, no han soltado el caso desde el inicio.
No es un caso aislado. Como Dulce, miles de personas inocentes en México están en prisión. Se estima que entre el 5% y el 8% de quienes están privadas de libertad no cometieron los delitos que se les imputan. Hablamos de hasta 20 mil personas. Son madres, padres, hijas, hijos. Son historias truncadas, vidas que siguen esperando justicia.
El pasado 6 de mayo de 2025, Proyecto Libertad presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte, aportando información que confirma la inocencia de Dulce y la gravedad del caso: una mujer embarazada, torturada, forzada a abortar y condenada sin pruebas válidas.
El 22 de mayo de 2025, la Primera Sala de la Corte resolvió su amparo, y aunque no ordenó su libertad inmediata, sí reconoció dos cosas fundamentales:
Estableció por primera vez un precedente sobre cómo deben tratarse los casos de mujeres embarazadas que han sido víctimas de tortura durante su detención. Dictó lineamientos para evitar la violencia institucional y proteger su dignidad.
Ordenó excluir todas las pruebas obtenidas de manera ilegal durante su arraigo, al haber sido autorizadas por una autoridad que no tenía competencia. También declaró nulas las identificaciones hechas sin presencia de un abogado defensor.
Esto significa que el Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva sentencia sin considerar pruebas ilegales ni manipuladas, y si se respeta la ley, Dulce deberá ser absuelta y liberada de inmediato. Ya no hay evidencia válida para sostener su condena.
Mientras eso sucede, Dulce sigue esperando. Lleva más de una década lejos de su familia, de su vida, de sus hijas que no llegaron. Y no está sola. Pienso en Ulises y Gerardo, Itala, Cerpa, Santiago, Noé, Pablo… tantos más que han pagado con su libertad los errores, omisiones y abusos del sistema.
La deuda con los inocentes no es sólo jurídica, es moral y humana. Es una herida que la justicia no puede seguir ignorando. Hoy el caso está en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por el cual rogamos al presidente Dr. Rafael Guerra Álvarez para que podamos hacer justicia y que Dulce pueda regresar con su familia.
Presidenta de Reinserta
