El reclutamiento infantil por el crimen organizado en México es una de las realidades más desgarradoras que enfrentamos como sociedad. Analicemos la historia de Orlando, quien desde los 6 años vivió adversidades extremas, incluyendo la pérdida de su hermano menor en Torreón. A los 8 años, cayó en las manos del narcotráfico en un orfanato clandestino y a los 10, sin alternativas, fue reclutado como sicario. Su vida parecía destinada a la violencia, pero gracias a su paso por un centro de reclusión para menores y al apoyo de organizaciones como Reinserta, Orlando, hoy con 22 años, ha encontrado la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. “Sin el apoyo de Reinserta, no podría tener una vida alejada de la delincuencia organizada. Hoy tengo la oportunidad de rehacerla y alejarme de todas las cosas que marcaron mi infancia”, nos cuenta.
Sin embargo, el trabajo de organizaciones como Reinserta está en riesgo. Estas últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado el trabajo de USAID, una agencia que ha sido fundamental en el financiamiento de programas que, entre sus objetivos, buscan prevenir y combatir el reclutamiento infantil en México. El cierre de USAID representa la pérdida de aproximadamente 100 millones de dólares en programas de apoyo a México, afectando directamente a organizaciones que han trabajado incansablemente por la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes vulnerables.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es un tema de corresponsabilidad. Mientras que en México, en los últimos siete años, la política interior ha sido adversa a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las que han logrado mantenerse a flote y operar con transparencia han sido aquellas que dependen de fondos internacionales, como los de USAID. La eliminación de estos recursos amenaza no solo a estas organizaciones, sino también a los esfuerzos por construir una sociedad más segura y justa para las nuevas generaciones.
Es imperativo replantear la política de apoyo gubernamental a la sociedad civil. Durante años, se ha intentado desacreditar el trabajo de estas organizaciones, a pesar de que muchas han demostrado operar con total transparencia y eficacia. El impacto de su labor es incuestionable. Pero no podemos depender únicamente de la voluntad gubernamental. Es aquí donde los empresarios y la sociedad civil deben jugar un papel clave. La inversión en proyectos que buscan erradicar la violencia y rehabilitar a jóvenes que han sido víctimas del crimen organizado no solo es un acto de responsabilidad social, sino una apuesta por un país más seguro y con oportunidades reales para todos.
Hoy más que nunca necesitamos que el sector privado y la ciudadanía tomen acción. Apoyar a organizaciones que han probado ser efectivas es la única manera de llenar el vacío que dejan decisiones políticas que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de niños y jóvenes en nuestro país. Y que el gobierno regule a las organizaciones de sociedad civil sin satanizarlas a todas y crear aún menos participación e involucramiento desde la sociedad. La corresponsabilidad no solo es entre gobiernos, es una tarea de todos. La reconstrucción del tejido social depende de nuestra voluntad de involucrarnos y hacer la diferencia.
Presidenta de Reinserta
