La intervención de Estados Unidos en la justicia mexicana es un reflejo de nuestras profundas fallas estructurales y de un sistema judicial que ha perdido credibilidad. Casos emblemáticos como el de los hijos de los grandes capos, los hijos del Mayo Zambada y “los Chapitos” del Chapo Guzmán, muestran una preocupante dependencia de la justicia estadounidense para capturar y procesar a los grandes líderes del narcotráfico mexicano. No solo es cuestionable que terminen siendo juzgados fuera de nuestras fronteras, sino que, a menudo, logran acuerdos donde ofrecen información de inteligencia crucial para las autoridades de EU a cambio de una sentencia más favorable, de protección y de la entrega de millonarias cantidades de dinero que fungen hacia el Estado como una manera de reparar el daño. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿por qué México es incapaz de hacer justicia en su propio territorio cuando el daño es compartido en ambos territorios?
La dependencia de la justicia mexicana hacia la estadounidense para resolver los grandes casos criminales destaca la falta de capacidad de nuestras propias instituciones para impartir justicia. Este fenómeno se ha vuelto común, y aunque los medios suelen dar cobertura a casos de alto perfil, hay miles de historias no contadas, víctimas de un sistema fallido. México no sólo se enfrenta al reto de combatir al crimen organizado, sino también a la falta de transparencia y corrupción de las propias autoridades, responsables de múltiples injusticias y abusos.
En paralelo, vemos casos como el de Dulce, la expolicía federal acusada de un crimen que no cometió, quien, bajo tortura, perdió a sus gemelos mientras se le procesaba. También está el caso de Alejandro Cerpa, que ha pasado 15 años en prisión por un delito que no cometió; su supuesto cómplice incluso lo exculpa. O el caso de Leo y Gerardo, conocidos como "Los Payasitos," quienes han pasado años luchando por su libertad después de haber sido incriminados injustamente en un caso mediático. Estas historias no reciben la atención que merecen, ni logran movilizar la justicia de manera justa y transparente. ¿Será que ni siquiera tenemos la estructura ni las herramientas para hacer justicia en México?
México necesita un sistema que no solo reaccione a presiones mediáticas, sino que verdaderamente funcione para todos, desde los casos de alto perfil hasta aquellos de personas que no tienen el respaldo de una cobertura mediática. Es imperativo que logremos que la corrupción y la impunidad no definan el estado de derecho en el país. Las detenciones injustas, las torturas y las negociaciones que sacrifican la justicia en favor de acuerdos dudosos muestran que el sistema no se ha construido para proteger a los inocentes ni para castigar eficazmente a los culpables. ¿Será que la única solución del país, sea juzgar a quienes cometen delitos de alto impacto (como delincuencia organizada), por extradición?
La intervención de Estados Unidos no debería ser una solución alternativa ni una salida ante la incapacidad de México para manejar sus propios casos. Más allá de una reforma profunda de nuestro sistema de justicia penal, necesitamos poder entrar en las entrañas de nuestro sistema de justicia y nuestras fiscalías para arreglar de raíz y en el día a día aquello que nos lleva a cuestionar siquiera si existe un estado de derecho en México. Necesitamos un sistema de justicia capaz de asegurar la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el verdadero acceso a la justicia, sin depender de otros países para resolver lo que debería de resolverse en territorio nacional.
Presidenta de Reinserta
