Julissa Chuc Haas es el ejemplo de una mujer y madre, quien a través de varios trabajos honestos como la albañilería, el chapeado y el limpiado de casas, sale todos los días a trabajar para mantener a su hijo de seis años y a su hija recién nacida. Su caso salió a la luz porque tras el nacimiento de su hija, una trabajadora social la discriminó al determinar que Julissa es una mujer lesbiana y “era un mal ejemplo para su bebé” por lo que decidió separarlas y enviar a la niña al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede), en Yucatán.
Julissa reunió todos los papeles para recuperar a su bebé y acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) para recuperarla, junto con su hijo mayor, ya que le solicitaron la acompañara para entrevistarlo y descartar que sufría algún tipo de violencia o abuso. Como si no hubiera sido suficiente la discriminación en el hospital, en la Procuraduría fue doblemente victimizada.
Terminaron por resguardar a su hijo también argumentando que éste no contaba con un acta de nacimiento y no estaba registrado, un trámite que Julissa no había realizado por falta de recursos económicos.
Yo me pregunto: ¿Su orientación sexual y su condición económica son razones suficientes para separar de una madre trabajadora de sus hijos?
Su situación deja ver las diversas violaciones de derechos humanos contra Julissa, su derecho a ejercer su maternidad y su integridad. Partiendo del principio de interseccionalidad, podemos observar cómo en su caso, aumentan las desventajas y discriminaciones contra su persona, no sólo por ser mujer, sino también por su preferencia sexual y condición socioeconómica que la ponen en un panorama de mayor riesgo y vulnerabilidad.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, casos como el de Julissa son claros parteaguas para replantearnos un cambio de raíz y nuevas soluciones y políticas con perspectiva de género que protejan los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Hoy tenemos a una niña y a un niño separados de su madre que lucha por recuperarlos, y a un sistema que discrimina y violenta en lugar de proteger y brindar las herramientas necesarias para que madres como Julissa cuenten con las oportunidades económicas necesarias para cuidar de su familia y tener sus documentos en regla.
Es inaudito lo que le pasó a Julissa, increíble que en pleno 2022 sigamos viendo estos actos homofóbicos en nuestro país.
El gobierno de Yucatán debería estar avergonzado; por decir lo menos.
