Cuauhtémoc Blanco Bravo es una de esas figuras que siempre ha estado en el ojo público, primero como futbolista y luego como político. Fue un ídolo del Club América y de la Selección Mexicana, pero su paso a la política ha estado lleno de controversias. En 2015 ganó la alcaldía de Cuernavaca y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con Morena, poniendo al Estado como uno de los y más preocupantes en temas de violencia de género, incluyendo el abuso sexual y los feminicidios. Ahora, ocupa un puesto como diputado federal.
Recientemente, su nombre ha aparecido en los titulares por un tema muy delicado: su media hermana lo denunció ante la Fiscalía por abuso sexual. Esto ha generado un gran revuelo no solo por la gravedad de la acusación, sino porque involucra a su propia familia.
Para entender por qué se ha convertido en un tema tan complicado, hay que hablar del famoso fuero. En teoría, es un mecanismo para proteger a funcionarios de ser perseguidos por razones políticas. Pero, en la práctica, se ha convertido en una herramienta para que muchos eviten rendir cuentas ante la justicia. No significa que sean intocables, pero para que un funcionario con fuero pueda ser juzgado, primero tiene que pasar por un proceso especial en el Congreso.
El caso de Cuauhtémoc Blanco ha dejado muchas dudas sobre el sistema de justicia y el uso del fuero como una barrera para evitar que ciertos funcionarios enfrenten las consecuencias de sus actos. En esta historia, la Sección Instructora del Congreso, integrada por los diputados Hugo Eric Flores, Adriana Belinda Quiroz Gallegos (ambos de Morena), Germán Martínez Cázares (PAN) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), tuvieron en sus manos la decisión de desaforarlo o no. Lo que hicieron fue actuar como jueces, revisando pruebas y testimonios en lugar de simplemente permitir que un tribunal hiciera su trabajo.
Esto nos lleva a una cuestión fundamental: ¿por qué no es un juez federal quien analiza la carpeta de investigación para determinar si hay elementos para proceder? Y aquí viene lo indignante: no se puede decir que el dictamen esté bien fundamentado. Aunque menciona tratados internacionales, en realidad no justifica nada.
Lo más grave es que, con total descaro, se ignora la voz de la víctima. ¿Cómo es posible que su testimonio se minimice así? Y aquí surge otra pregunta clave: ¿Qué le sabe Cuauhtémoc a quién? ¿Por qué lo protegen tanto? Parece intocable, y eso es alarmante en un país donde las mujeres que denuncian violencia se enfrentan a un sistema que las revictimiza una y otra vez.
Este caso no es solo sobre Cuauhtémoc Blanco. Es un reflejo de cómo funciona el poder en México. Nos obliga a preguntarnos: ¿Hasta cuándo seguirá el fuero siendo un salvavidas para los políticos acusados de delitos graves? ¿Quién protege a las víctimas cuando los acusados son figuras poderosas? La impunidad no es un error del sistema, es parte del sistema. Si no hay una reforma profunda y una presión social constante, casos como este seguirán ocurriendo, dejando claro que en México, la justicia sigue estando al servicio de quienes tienen el poder.
Presidenta de Reinserta
