En la última edición de los Premios Grammy, algo quedó claro: cuando las personas con mayor alcance deciden usar su voz, el eco puede atravesar fronteras. Artistas hablaron de migración, de miedo, de políticas inhumanas, de un Estado que ha normalizado la crueldad bajo el lenguaje de la legalidad. No fue un gesto menor ni un acto de moda. Fue una toma de postura.
Porque hoy, en Estados Unidos, los actos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no son solo un tema de política pública: son un problema de derechos humanos. Centros de detención con niñas y niños privados de la libertad, redadas violentas, separaciones familiares y muertes que no pueden seguir explicándose como “daños colaterales”.
Casos simbólicos, como el de Liam, han puesto luz sobre una realidad incómoda: miles de menores permanecen en centros de detención migratoria. Niños que no cometieron delito alguno, pero que cargan con el peso de decisiones políticas que los tratan como cifras, no como personas. La infancia detenida debería ser, en cualquier país que se diga democrático, una línea roja infranqueable.
En este contexto, vale la pena hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿el movimiento político impulsado por Donald Trump es, en el fondo, un movimiento racista? No hablo solo del discurso, sino de los resultados. Las deportaciones masivas, el endurecimiento de los procesos, la creación de espacios como el llamado Alligator Prison —una cárcel improvisada para migrantes— revelan una política que deshumaniza sistemáticamente a ciertos cuerpos: los pobres, los racializados, los indocumentados.
Las cifras acompañan esta preocupación. Durante los periodos de mayor endurecimiento migratorio, las deportaciones se contaron por cientos de miles al año. A eso se suman operativos cada vez más agresivos, detenciones sin el debido proceso y una narrativa que equipara migración con criminalidad. Todo bajo la bandera de la ley y el orden.
Aquí es donde las redes sociales juegan un papel ambivalente. Por un lado, permiten visibilizar actos de brutalidad que antes quedaban ocultos. Por otro, el algoritmo premia lo escandaloso, lo violento, lo inmediato. La viralización de abusos no siempre viene acompañada de contexto, legalidad o reflexión profunda sobre el debido proceso. Y eso puede jugar en contra: se discute el golpe, pero no la estructura que lo permite.
Sin embargo, algo está cambiando. Las muertes recientes de ciudadanos estadounidenses a manos de ICE —una mujer y un hombre— marcaron un punto de inflexión. La indignación dejó de ser solo de las comunidades migrantes. La comunidad blanca norteamericana empezó a alzar la voz. En marchas como las de Minnesota, la mayoría de quienes salieron a protestar eran personas blancas, estadounidenses, que marchaban por quienes no podían hacerlo por miedo: los indocumentados.
Este ya no es un movimiento de una sola piel, una sola orientación sexual o un solo estatus legal. Es un movimiento que entiende que la deshumanización, cuando se normaliza, termina alcanzándonos a todos.
Y entonces la pregunta inevitable es hacia nosotros: ¿en México hemos perdido esa capacidad de protesta colectiva? ¿Hemos dejado de pensarnos como sociedad, de mirar al otro, de salir a defender causas que no nos afectan directamente?
Tal vez sí. Tal vez es consecuencia de la violencia sostenida que hemos vivido durante años. De la corrupción impune. De la ausencia de consecuencias. De esa sensación de desesperanza que va apagando la indignación y nos encierra en la supervivencia individual.
Pero si algo nos enseñan estos movimientos es que el silencio también es una forma de violencia. Y que alzar la voz —desde un escenario, una marcha o una columna— sigue siendo una de las pocas herramientas que tenemos para no normalizar lo inhumano.
Porque cuando dejamos de indignarnos, no solo perdemos derechos: perdemos humanidad.
Presidenta de Reinserta. @saskianino