Nunca he sido partidaria de la prisión preventiva oficiosa. Creo que la peligrosidad de un delito no se determina por el delito como tal sino por la peligrosidad de la persona, la razón por el cual el delito se cometió y la posibilidad de la recurrencia de este.
La semana pasada fue detenido “Felipe N” por abusar sexualmente de su sobrino en la infancia. Salvador tenía 6 años cuando Felipe, en los eventos familiares, metía a Salvador a cuartos de la casa mientras la familia gozaba en la sala, y abusaba de él sexualmente. Esto pasó durante años e incluso en alguna ocasión, Felipe involucró a un amigo para que ambos se aprovecharan del menor.
El domingo por la noche, Felipe fue liberado de prisión ya que el juez Júpiter López Ruiz no determinó que un pederasta fuese un peligro para la sociedad.
Claramente el juez no tiene idea cómo funciona la mente de un pedófilo y le faltaron algunos cursos de criminología para entender que si un delito debe tener prisión preventiva es el de la pederastia. Cuando un agresor sexual de menores actúa contra un menor, es prácticamente seguro que lo volverá a hacer.
La pedofilia es una enfermedad mental y quienes la padecen deben ser atendidos sin olvidar siempre que el derecho del menor debe de estar por encima.
Una fianza de 200,000 pesos y pedirle que no se acerque a la víctima (que por cierto ya es adulta) no es suficiente.
¿Y los otros niños y niñas de México, qué?
Hoy en México quienes sufrimos abuso sexual infantil tenemos el derecho de denunciar a nuestro agresor sin que prescriba el delito. Una ley impulsada por Josefina Vázquez Mota que entiende a la perfección el que las posibilidades de que un menor denuncie en México a su agresor son prácticamente nulas: 99.9% de los casos no se denuncian ya que el agresor está en casa en el 74% de ellos.
Solo si has sido víctima de alguien que está dentro de tu casa puedes llegar a entender la complejidad que implica el denunciar.
Con la libertad de “Felipe N” me queda claro que en México nos queda mucho por hacer para prevenir y erradicar la violencia sexual infantil.
1. Necesitamos entender quién es el agresor y por qué hay tantos casos en México. ¿El agresor en México en su mayoría tiene una filia mental o son víctimas que replican la conducta?
2. Necesitamos que las autoridades estén capacitadas para atender sin revictimizar a las y los sobrevivientes de violencia sexual infantil conociendo los procesos del derecho superior del menor. ¿Porque un juez creería que ponerle una fianza a un pederasta y pedirle que no se acerque a su víctima que hoy ya es adulta es suficiente? Más bien a ese juez le urge un curso de criminología básico.
3. Necesitamos cuestionar el tratamiento puntual que necesitan los agresores e implementar un modelo de segregación dentro del sistema penitenciario. ¿Qué nos hace pensar que un pederasta se va a “curar” con lo estipulado en el 18 constitucional respecto a la reinserción social? Quizá no puse atención en mis cursos de criminología donde explicaron que el deporte, la educación académica o las artes eran suficiente para que un agresor sexual infantil se rehabilitara. Mal ahí por mí.
Si creemos que en México la violencia sexual no debe ser una prioridad absoluta estamos muy equivocados. Si creemos que siendo el país con el primer lugar del mundo en abuso infantil y donde la impunidad prevalece a niveles en donde de cada mil casos se denuncian 100 (OCDE); con los primeros lugares en turismo sexual infantil y consumo de pornografía sexual infantil, nos da el lujo de soltar a agresores con fianzas de 200,000 pesos entonces, somos un México destinado al fracaso donde, como lo dice UNICEF, el que 5 de cada 10 niñas vayan a ser agredidas sexualmente antes de los 15 años, es solo el principio de lo que le espera a nuestras infancias.
